Alrededores del hospital Carlos Andrade Marín, en Quito: un 'shopping' con inseguridad

Los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) por ratos se confunden con un pequeño Ipiales, una Bahía modesta donde se oferta de todo un poco y a bajos precios. El llamado a la compra no falta. “¿Qué le damos? ¿Pantuflas, guantes?”, “¡Ensaladita veci!”, “¡A dólar el pañito húmedo!”.

Los precios se anuncian con pequeños letreros: sombrero a $2, sombrillas $3,50, pantuflas $5. Y no falta en la esquina la promoción de la leche de cabra para la gripe o cualquier resfrío.

Las ventas de este modo proliferan a lo largo de la calle 18 de Septiembre y, aunque poco, cada uno saca su ganancia. A la par, la inseguridad también encuentra lugar en este espacio donde se cuelgan batas, blusas, mascarillas, medias, bolsos, lentes y pijamas a montones.

Fernando Macías cambia pilas de relojes y dice que después de las 15:00 la zona se torna peligrosa, porque la afluencia de pacientes baja. “Por aquí andan bastantes ladrones robando, andan hechos los que venden y van robando a los transeúntes”, cuenta.

Él, al igual que sus compañeros, prefiere este lugar altamente transitado porque “cualquier cosita le compran a uno”. Solo que, como dice, toca estar atento a los arranchadores, que se llevan en el menor descuido lo que alcancen: billeteras, aretes y celulares.

Macías sostiene que si está ahí es por necesidad y para solventar a sus hijos. Sabe que a veces hay batidas, pero le conviene ese sitio. “La verdad es que si nos regularizan, nos mandan a otro lado donde no se vende y es complicado”.

Amenazan a negocios

Sin embargo, ni siquiera los comerciantes que atienden en un local se salvan de la delincuencia y las amenazas.

Roberto Ruiz cuenta cómo le ha tocado lidiar con esa inseguridad. “Yo he querido hacerme (amigo) de los informales, (formar) una especie de grupo para cuidarnos entre nosotros, pero no pueden, los amenazan, me amenazan”.

Ruiz se refiere a una persona “malencarada” que no deja de visitar su tienda pidiendo “una colaboración”, que aunque la califica de “insignificante” porque son 25 centavos, no deja de provocarle temor.

“Le quitan las armas blancas y anda con un cuchillo de madera. Debo colaborarle para que me deje trabajar”, denuncia Ruiz, y aunque asegura haberlo tratado de “espantar” con fierros y palos, es inútil.

Dice que han cogido preso a dicho sujeto, que es reincidente, pero al día siguiente ya lo ve libre, como si nada por las calles.

Se pide presencia municipal

Para los comercios formales de ropa, se ha vuelto un dolor de cabeza hacer un contrapeso a los vendedores ambulantes. Sin dar su nombre, un propietario de local, que paga mensualmente $470 en impuestos, lamenta que no haya controles suficientes o más continuos.

“Vienen a multarnos a nosotros, porque somos los únicos que nos encuentran. Los demás salen corriendo”, explica. En este 2026 va cancelando una sanción de $240 por ocupar el frente del local, pero dice que lo hace para evitar “competencia desleal y por seguridad”.

“Me taparían mi venta y se pondrían a vender los mismos pantalones, las mismas pijamas”, agrega y pone de ejemplo una farmacia vecina que está rodeada de al menos cuatro puestos de ventas informales.

Este comerciante sabe que la realidad del país, donde el empleo escasea, obliga a muchos a improvisar sus puestos de esta forma y por eso “ha tenido que pelearse con medio mundo”.

Ajena a todos estos contratiempos, Arianna Torres aprovecha que vino de Quevedo a una cita médica de su hija y compra al paso lo que puede y para lo que le alcanza.

“Estamos buscando unas mangas para el sol y algo para los niños”, menciona esta madre de familia que hace un ‘shopping’ rapidito en la calle.

La AMC

Pablo Osorio es coordinador de la unidad de operativos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y explica la parte que le corresponde y cómo ejecutan los controles.

El funcionario señala que revisan “permisos de funcionamiento de los locales formales y los vendedores externos”.

En el caso de los segundos, se corrobora que tengan listo o en trámite el Permiso Único de Comerciante Autónomo (PUCA).

Pero Osorio asegura que cuando ya existe un proceso administrativo por la falta de estos permisos, no realizan otras inspecciones tan continuas hasta que se resuelva esta primera observación.

Lo que corresponde entonces es una sanción económica, que es el 50 % de un salario básico o 25 horas de trabajo comunitario.

“Una vez que termina y vemos que la persona ha reincidido, podemos proceder a medidas cautelares, como retención de productos”.