Daños al patrimonio en Quito: proponen multa de hasta $4.800 y duplicarla por reincidencia

El Concejo Metropolitano de Quito analiza un proyecto de ordenanza que plantea sanciones económicas de hasta $4.800 por daños a bienes patrimoniales y mobiliario urbano en zonas históricas. 

La propuesta, impulsada desde la Comisión de Áreas Históricas, busca llenar un vacío normativo que, según autoridades, ha permitido que actos vandálicos queden sin consecuencias. En caso de reincidencia, la multa se duplicaría.

Concejales sobre la propuesta de multas

El concejal Ángel Vega explicó que la iniciativa no se limita a hechos ocurridos en marchas, sino que apunta a cualquier intervención no autorizada sobre el patrimonio. 

En la misma línea, la edil Sandra Hidalgo recalcó que no es justificable afectar estos espacios y que la ordenanza también incluye medidas de prevención y campañas comunicacionales.

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La discusión surge en un contexto recurrente de afectaciones en el Centro Histórico, como rayones con pintura en aerosol, daños en superficies y robos de piezas. Estos hechos volvieron a evidenciarse tras las movilizaciones del 8 de marzo, lo que motivó inspecciones del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP).

El tipo de daños registrados durante marchas en Quito

Según el IMP, la mayoría de daños recientes han sido superficiales y sin afectación estructural, aunque requieren limpieza especializada o procesos de restauración progresiva. Paralelamente, la institución mantiene un programa continuo de mantenimiento del espacio público, que incluye mobiliario, calzadas, iluminación y monumentos.

No obstante, autoridades distinguen estos daños de delitos como el robo de piezas patrimoniales, que sí pueden derivar en procesos legales. En Quito existen más de 8.000 bienes inventariados, cerca de 5.000 en el Centro Histórico, cuya conservación implica una inversión anual aproximada de $1 millón.

Postura de la sociedad civil

Desde la sociedad civil, el planteamiento es visto como necesario, aunque advierten que su eficacia dependerá de la aplicación real de sanciones y de definir con claridad a los responsables de los daños, en un problema que, aseguran, va más allá de las protestas y refleja un deterioro constante del patrimonio.

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Además, representantes ciudadanos cuestionan que, históricamente, muchos de estos casos no han derivado en sanciones efectivas. Señalan que la falta de control ha permitido la repetición de daños, especialmente en fachadas y monumentos de alto valor simbólico.

También plantean que la ordenanza deberá precisar si la responsabilidad recaerá únicamente en los autores directos o si se extenderá a quienes convocan actividades donde ocurren estos hechos. Este punto, advierten, será clave para evitar vacíos legales.

Mientras tanto, el Municipio mantiene operativos de limpieza y recuperación en el Centro Histórico, con intervenciones periódicas para retirar grafitis y reparar superficies afectadas, en un esfuerzo por conservar uno de los patrimonios más representativos de la ciudad.