Sercop vs. Prefectura del Guayas: alerta por contratación abre debate político cerca de elecciones

La alerta sobre un proceso de contratación en la Prefectura del Guayas terminó escalando más allá de lo técnico. Lo que empezó como una observación del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) derivó en un cruce de versiones institucionales y, finalmente, en un debate político sobre el uso de los controles estatales en un contexto preelectoral.

El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, informó que, tras una alerta, se revisó un proceso de “publicación especial de comunicación” ejecutado por la Prefectura del Guayas. 

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Según detalló, se habrían detectado varios incumplimientos normativos, entre ellos la no utilización de herramientas obligatorias del portal del Sercop, inconsistencias en la identificación del proceso y falta de especificidad en los costos del estudio de mercado. Además, señaló que la información fue remitida a la Contraloría General del Estado para su revisión.

La respuesta de la Prefectura del Guayas

Desde la Prefectura del Guayas, la reacción fue inmediata. A través de un comunicado, la institución negó las irregularidades y sostuvo que el procedimiento se ejecutó conforme a la normativa vigente.

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La entidad argumentó que la ley permite la publicación posterior en casos donde procesos previos han sido declarados desiertos. En ese sentido, explicó que dos procesos anteriores fueron suspendidos sin respuesta por parte del Sercop y posteriormente declarados desiertos, lo que derivó en la contratación mediante el proceso cuestionado.

También recalcó que todos los actos están sujetos a control posterior de la Contraloría, en línea con el sistema de rendición de cuentas.

El comunicado que encendió el contexto

Antes de las publicaciones de Neira y la Prefectura, el Sercop difundió un comunicado oficial en el que exhorta a las entidades públicas, especialmente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a planificar estratégicamente sus procesos de contratación, tras identificar inconsistencias recurrentes.

El documento advierte sobre fallas como la falta de uso del portal de compras públicas, incoherencias documentales y deficiencias en estudios de mercado, elementos que, según la entidad, afectan la transparencia y la trazabilidad de los procesos.

El foco político del debate entre Sercop y la Prefectura del Guayas

El eje del tema cambió con el análisis del experto Mauricio Alarcón, quien situó el caso dentro de un contexto político más amplio.

El analista advirtió que este tipo de acciones generan preocupación, ya que podrían estar dirigidas hacia figuras con proyección electoral que representan un desafío para el oficialismo. 

En ese punto, mencionó no solo a la prefecta Marcela Aguiñaga, sino también al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a quien identificó como otro perfil fuerte.

Alarcón subrayó que Álvarez, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro por tres casos en su contra (presunto tráfico de combustible, delincuencia organizada con fines de lavado de activos defraudación tributaria y, el último, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente), expondría una posible presión sobre actores políticos relevantes.

“No se ven acciones contra otros gobiernos locales que podrían tener situaciones más graves o irregulares”, cuestionó, al tiempo que señaló que estos movimientos podrían formar parte de una preparación de cara al proceso electoral del próximo año. 

Alarcón concluye que: "Así es que esto, como lo de Aquiles Álvarez, como lo del alcalde de Guayaquil, como lo de el alcalde de Cuenca (Cristian Zamora, investigado por enriquecimiento ilícito), simplemente nos deja como lección que están preparándose para el proceso electoral dentro de 11 meses".