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Diario Extra Ecuador

Construcción peligrosa en Quito: Municipio en la mira tras reactivación de licencia de alto riesgo

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial sancionó al Municipio de Quito por reincidir en la reactivación de una licencia de construcción en Bellavista

El Municipio de Quito debe evaluar técnica y jurídicamente el procedimiento de reactivación de la licencia.

El Municipio de Quito debe evaluar técnica y jurídicamente el procedimiento de reactivación de la licencia.Franklin Jacome

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El Municipio de Quito enfrenta una nueva sanción administrativa tras reactivar un permiso de construcción en un sector catalogado como de alto riesgo geológico. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) determinó que el Cabildo incurrió en reincidencia al devolver la vigencia a una Licencia Metropolitana Urbanística (LMU20) en un predio ubicado en Bellavista, pese a informes técnicos y prohibiciones normativas expresas.

La sanción fue emitida el 30 de enero de 2026 y se conoció esta semana. Según la SOT, el Municipio ya había sido advertido y sancionado previamente por autorizar construcciones en ese sector residencial, donde el 50 % del terreno se asienta sobre un relleno de quebrada, con un talud artificial cuya pendiente supera el 70 %, lo que compromete seriamente la estabilidad del suelo.

El Concejo no abordó el caso

El tema llegó al Concejo Metropolitano de Quito tras un pedido del concejal Bernardo Abad, quien solicitó modificar el orden del día para que varias dependencias municipales expliquen cómo se reactivó la licencia. El edil planteó la comparecencia de la Administración Zonal Eugenio Espejo, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Procuraduría.

La moción no fue aprobada: solo siete concejales votaron a favor y once se abstuvieron, por lo que el caso no fue tratado en el Pleno.

Observaciones desde 2017

El conflicto se arrastra desde 2017, cuando la AMC detectó que la obra se ejecutaba sin licencia y ordenó su suspensión. Aunque el propietario inició un proceso de regularización en 2018, en 2019 se ratificó la paralización. En 2022, un informe técnico clasificó el proyecto como de alto riesgo por movimientos en masa y señaló incumplimientos a la normativa sismorresistente.

Con esos antecedentes, en 2023 la SOT sancionó al Municipio con una multa de 45.000 dólares por otorgar la licencia. Posteriormente, en 2024, el propietario presentó una acción de protección que fue rechazada en abril de 2025, al determinarse que no hubo vulneración de derechos.

El edificio se ubica en Bellavista, en el norte de Quito. En 2017 se iniciaron las observaciones.

El edificio se ubica en Bellavista, en el norte de Quito. En 2017 se iniciaron las observaciones.EXTRA

Reincidencia y posible nulidad

Pese a las sanciones y a la sentencia judicial, en septiembre de 2025 el Municipio reactivó una licencia que ya estaba caducada. Esto motivó un nuevo proceso por parte de la SOT, que en enero de 2026 impuso otra multa —esta vez de 48.200 dólares— al considerar que se trató de un nuevo acto administrativo que configura reincidencia, según la Ley de Ordenamiento Territorial.

La concejala Analía Ledesma advirtió que lo más grave no es solo el riesgo técnico, sino las razones detrás de la reactivación del permiso, y no descartó presiones internas para permitir la continuidad del proyecto. En la misma línea, el concejal Andrés Campaña señaló que el caso “raya contra toda lógica”, al existir dos sanciones y una sentencia judicial que advertían sobre el peligro.

Tras la sesión, la vicealcaldesa Fernanda Racines aseguró que existe el compromiso del alcalde Pabel Muñoz de recopilar la información y tratar el tema en una próxima reunión del Concejo.

Como medidas de reparación, la SOT ordenó al Municipio evaluar técnica y jurídicamente la reactivación de la licencia y, de hallarse vicios de legalidad, declarar su nulidad. Además, dispuso el traslado del expediente a la Contraloría General del Estado para que determine posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.

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