Dinero hallado en subsuelo de edificio en Quito sigue bajo sospecha: ¿Qué delito se investiga?

El hallazgo de casi un millón de dólares (992.560) en efectivo dentro de una caja fuerte ubicada en el subsuelo de un edificio del norte de Quito, generó incertidumbre y hasta provocó chismes políticos.

El hecho se dio en el marco de un operativo de la Dirección Antidrogas de la Policía y la Fiscalía, que inicialmente se ejecutó por una alerta sobre un presunto encaletamiento de droga en una bodega del inmueble, el viernes 20 de marzo.

Investigación

Desde entonces, la investigación no solo gira alrededor del operativo antidrogas, sino también sobre la legalidad de los fondos, la identidad de sus propietarios y la forma en que eran almacenados.

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En medio de esa controversia, la empresa que reclama el dinero, Elite Corp, ha sostenido públicamente que los fondos son lícitos y que estaban destinados a pagos en efectivo para empleados y proveedores.

Incluso, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el ‘billullo’ pertenece “a una persona vinculada al sector minero”.

Responsabilidades

La abogada penalista Nathalya Salazar analizó el caso y explicó que el operativo policial no pierde validez por el hecho de haber encontrado algo distinto a lo que se buscaba inicialmente.

Según indicó, si la actuación de origen fue legal y lícita, el allanamiento se mantiene válido aunque la evidencia hallada apunte a un presunto delito diferente, que podría ir desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de activos.

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Sobre la versión de la empresa, Salazar aclaró que no basta con asegurar públicamente que el dinero era para pagos en efectivo. A su criterio, la compañía tendrá que demostrar su constitución legal en el territorio ecuatoriano, justificar la licitud de los fondos y descartar cualquier posibilidad de evasión de impuestos.

Posible ‘choreo’

La penalista también se refirió a la necesidad de probar cuánto dinero había realmente dentro de la caja fuerte, pues la defensa del grupo empresarial aseguró que allí había 1’048.000 dólares y no 992.560, como consta en el parte policial. Es decir, habría una diferencia cercana a los 55.000 dólares.

Salazar explicó que en este caso, la empresa propietaria debe demostrar documentadamente la cantidad exacta que estaba guardada en la bóveda. Añadió que, una vez hallado el efectivo, este pasa a cadena de custodia, proceso en el que debe constar una descripción individual de los billetes, incluyendo series y denominaciones.

Posible delito

Para Salazar, si llegara a comprobarse que parte del dinero fue sustraído por policías, eso configuraría un delito relacionado con la alteración de pruebas y evidencias, un escenario que obligaría a una investigación paralela sobre el manejo del efectivo durante el procedimiento.

Durante las primeras indagaciones, la administradora del edificio habría señalado que se trataba de una bodega del inmueble. En este punto, Salazar enfatizó que para deslindar una eventual responsabilidad penal tendría que existir un contrato del que se desprenda que la administradora no conocía que en ese lugar se almacenaba dinero.

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Añadió que en ese documento también debería detallarse el uso que se le iba a dar a la bóveda. De todas formas, precisó que ese dato no cambia la lectura general del caso.