La mañana del 4 de septiembre de 2025, las calles del barrio Ecuador, en la parroquia Calderón, norte de Quito fueron escenario de un operativo interinstitucional de gran magnitud. 

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Más de 600 funcionarios del Municipio de Quito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas llegaron hasta el Lote A36 para cumplir tres órdenes judiciales y asegurar el predio ocupado ilegalmente.

El despliegue incluyó desalojo, descerrajamiento, retiro de construcciones ilegales y cerramiento del terreno, con el objetivo de impedir nuevas ocupaciones y devolver la legalidad a la zona.

Dos décadas de invasiones y tráfico de tierras

El Lote A36 se convirtió en símbolo del tráfico de tierras, ventas fraudulentas y conflictos sociales que por más de dos décadas afectaron a Calderón.

La secretaria de Seguridad y Gestión de Riesgos, Carolina Andrade, explicó que la intervención buscó recuperar el orden. “Se ejecutaron tres órdenes judiciales con el objetivo de restituir el orden en predios ocupados de manera irregular. Estas acciones son una muestra de la fuerza del Estado y de la ley para devolver estos espacios a sus legítimos propietarios”, afirmó.

Municipio pide no caer en estafas de tierras

La funcionaria también advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos de comprar terrenos sin respaldo legal. “Existen canales formales impulsados por la Administración Zonal para acceder a predios con títulos legítimos que den seguridad a sus familias. No se dejen engañar”, enfatizó Andrade.

Estas intervenciones, añadió, también buscan prevenir delitos asociados a las invasiones, como el microtráfico y la violencia en la zona.

Antecedentes legales del Lote A36

El administrador zonal de Calderón, David Paz Viera, recordó que los terrenos sí cuentan con adjudicatarios legítimos. “Históricamente fueron adjudicados desde 1994, hasta que pasaron a manos del Municipio en 2016”, explicó.

Esto significa que los ocupantes actuales no tenían derechos de propiedad sobre el espacio.

Microtráfico en la zona

El coronel Jaime Ruales, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, destacó la coordinación entre instituciones y alertó sobre actividades ilegales detectadas en el sector. “En la zona se han evidenciado situaciones como la venta de sustancias ilícitas”, señaló.

La jornada concluyó con el cerramiento del predio A36, un paso clave para impedir que vuelva a ser ocupado. Con este operativo, el Municipio de Quito y las instituciones del Estado aseguraron que mantienen el compromiso de frenar el tráfico de tierras, enfrentar las invasiones y proteger a las familias de buena fe.

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