Quito y el gasto en comunicación: 1,5 millones de dólares en pauta antes de las seccionales

El 2026 es un año electoral de cara a los comicios seccionales de 2027. “Particularmente los gobiernos locales van a reforzar su contratación en publicidad, pero también lo hará el gobierno central”, dice Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

El 13 de febrero pasado, en el Servicio de Contratación Pública (Sercop) se registró el proceso de “servicio de pautaje y publicidad para comunicar la gestión institucional del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”. El valor referencial de este ítem es de $1,5 millones sin IVA.

Alarcón sostiene que “no hay que escandalizarnos por la existencia de contratos de publicidad; hay que escandalizarnos cuando estos no cumplen con parámetros mínimos de transparencia, cuando están asignados a dedo”.

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En ese sentido, este especialista asegura que tanto los municipios como las instituciones públicas “invierten en comunicación y publicidad sin excepción”. Por ello, no es una novedad que Quito también lo haga.

Sin embargo, para el concejal Wilson Merino, el problema está en tener un “alcalde-candidato” en Quito, dado que Pabel Muñoz busca la reelección y anunció su postulación en diciembre de 2025.

“Ahora lo que se invierte, uno no sabe si los recursos están encaminados en la materialización de políticas públicas o si más bien tienen un interés político electoral”, subraya Merino sobre el destino de los fondos públicos.

Para este edil, el gasto millonario que se tiene previsto en pauta no es algo nuevo en Quito. “Este es el Municipio de la propaganda”, indica y asegura que son más de $1,5 millones en publicidad, debido a las demás “contrataciones que han hecho las áreas de comunicación del Municipio”.

Otros casos

Claro que este proceso del Municipio de Quito no es el único en el Sercop. La Alcaldía de Guayaquil tiene varios contratos en ejecución por el “servicio de transmisión de cuñas u otros materiales informativos” en al menos 20 emisoras radiales de alcance local y también nacional.

Para Andrea Endara, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, el caso de Quito es particular. “Pabel juega a dos bandos: demostrar por qué esta ley (la de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD, que entró a segundo debate) desde su perspectiva, es injusta y puede afectar el desarrollo de la ciudad”, versus el “resquebrajamiento” de esa postura que significa este contrato.

De acuerdo con Endara, los $1,5 millones destinados a publicidad, “de cierta forma, le estarían dando la razón a la Asamblea, (acerca) de que los gobiernos seccionales estarían utilizando de manera no adecuada los recursos”.

Entre tanto, el concejal Andrés Campaña considera que hay que “priorizar obras y mejores servicios para Quito por encima de los gastos comunicacionales”. Y en ese sentido, habría que ver si esta inversión se hará en campañas educomunicacionales o si su objetivo es otro.