La masacre de 11 militares ecuatorianos en Alto Punino no ha alterado el ritmo cotidiano de las localidades vecinas. En la comuna San Lorenzo, ubicada a 27 kilómetros desde la carretera principal de la parroquia San Sebastián de El Coca, en la provincia de Orellana, la vida sigue con aparente normalidad.

Allí, en una zona mayoritariamente habitada por población kichwa, los residentes están conviviendo desde hace al menos un año con actividades de minería ilegal, que se desarrollan en las profundidades selváticas de la zona, a donde solo se llega tras un viaje adicional de tres horas por caminos irregulares.

“Allá es recomendable no ir por este problema”, manifestó un hombre sentado afuera de una tienda que está a la entrada de San Lorenzo. Según el habitante, Punino es un punto bastante ‘caliente’, sobre todo luego del ingreso de los militares que fueron brutalmente asesinados por el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera (CDF), el 9 de mayo pasado, a las 14:00.

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El hombre contó que los pobladores, supuestamente, no han tenido problemas con los CDF, a cuyos miembros es común ver caminando por San Lorenzo y otras localidades cercanas. “Usted los ve siempre vestidos de negro y con botas. Con ellos aquí, no hay robos ni se permiten delitos”, confesó el residente.

Y esa presencia es lo preocupante para las autoridades. Habitualmente, este tipo de disidencias criminales se limitaban a permanecer en las zonas limítrofes con Colombia. Sin embargo, la matanza contra los soldados de la Brigada de Selva 19 Napo revela que operarían en territorio ecuatoriano.

Así lo confirmó el general militar Edwin Cañizares, comandante de la Cuarta División Amazonas, quien explicó que los CDF se habían adentrado unos 80 kilómetros en nuestro país desde la frontera colombiana. Su intención sería tener el control total de la minería ilegal, confesó el oficial.

El contrabando hacia Alto Punino

Para eliminar la presencia de este grupo, la autoridad militar anunció que concentraría 1.000 hombres en esta zona fronteriza. El ingreso de estas tropas comenzó entre el 10 y 11 de mayo, desde la Brigada de Selva 19 Napo, acantonada en El Coca (capital de Orellana).

Para hacerlo se dispusieron helicópteros que permitirían el desembarco de los militares por vía aérea. Aunque también, según Cañizares, desde la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) se enviará tecnología especial para rastrear si hay personas incursionando en la zona.

Pero, al parecer, los movimientos militares son de conocimiento público en ese sector. Un equipo de EXTRA llegó a San Lorenzo y constató cómo vehículos pesados, tipo tráileres, ingresaban pasando por esta comuna con dirección a Alto Punino.

Cuando se consultó hacia dónde iban, otro habitante, quien prefirió no identificarse, dijo que presuntamente se dirigían a retirar la maquinaria usada en la minería ilegal antes de que llegue el Ejército para destruirla. “Por aquí ingresa todo el contrabando hacia allá. Hay gente que pasa por aquí llevando diésel, máquinas y herramientas. Es la única vía que llega a Alto Punino”, relató el habitante.

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La perpetua guerra con bandas como Los Choneros

Los grandes camiones pasaban por la ruta empedrada hacia Punino, sin alterar el juego de fútbol que se disputaba en la cancha de San Lorenzo, ni el partido de ecuavóley del coliseo cubierto. La aparente calma que se vive en la comuna estuvo amenazada, hace poco más de un año, cuando ingresaron miembros de Los Choneros, según otro residente.

“Ellos (Los Choneros) pusieron un control en la vía y no permitían el paso a cualquiera. Nosotros teníamos miedo de salir, hasta que llegaron ellos (miembros de los CDF)”, aseveró el lugareño.

Y no se equivoca. La lucha encarnizada por la minería ilegal en Alto Punino hizo su primera aparición el 23 de octubre del año pasado cuando cinco hombres fueron asesinados. Ellos estarían vinculados a este delito, pero las autoridades locales jamás revelaron de quiénes se trataba.

La pugna entre CDF y Los Choneros no se ha limitado a este sitio. La actuación de este grupo criminal colombiano ya se vio con fuerza en una zona aledaña llamada Joya de los Sachas, cantón perteneciente a Orellana.

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Dos masacres fueron atribuidas a este grupo. Una ocurrió dentro de un bar (3 de abril de 2024), con un saldo de cuatro asesinados. La otra, en un barrio, donde fueron abatidos tres policías (12 de agosto de 2024).

Solamente por la primera matanza hubo dos hombres detenidos. Uno fue identificado como Jefferson Zambrano, quien habría conducido el vehículo que trasladó a los tipos armados que lanzaron granadas y dispararon con fusiles a la gente dentro del bar. El otro, en cambio, fue reconocido por las autoridades como miembro de CDF.

Sin embargo, solo Zambrano recibió sentencia condenatoria e irá a la cárcel 34 años por la masacre del bar. El integrante de Comandos de Frontera no fue condenado porque no hubo pruebas, confirmó una fuente policial a EXTRA.

Por ahora, la incertidumbre persiste en los alrededores de Alto Punino, donde la masacre puso al territorio en la mira de las autoridades y expuso una amenaza que crece en silencio.

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