La Corte Suprema de Estados Unidos ha frenado, por ahora, el intento del presidente Donald Trump de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII, para deportar rápidamente a migrantes venezolanos acusados de integrar pandillas criminales. Esta decisión se da en medio de una creciente controversia judicial por el uso de facultades ejecutivas en materia migratoria.

El caso ha cobrado relevancia tras la proclamación hecha por Trump en marzo, donde calificó al grupo criminal Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, justificando así la aplicación de esta ley histórica, que se remonta a 1798 y fue diseñada originalmente para tiempos de guerra. La medida ha sido cuestionada por múltiples tribunales federales, al considerar que se estarían vulnerando los derechos de los migrantes a impugnar su deportación.

Una decisión que frena las deportaciones inmediatas

Con una votación de siete a dos, el tribunal rechazó el 16 de mayo una apelación de emergencia de la administración Trump para reanudar las expulsiones, argumentando que los migrantes afectados no habían contado con el tiempo ni la información suficiente para ejercer su defensa legal. Así lo reportaron medios como The Guardian y USA Today.

(Te puede interesar: Trump propone reducir aranceles a China al 80 % y exige mayor apertura comercial)

La Corte ya había emitido una orden de suspensión el pasado 19 de abril, tras el pedido de abogados de los migrantes, quienes alertaron que sus clientes estaban en riesgo inminente de ser deportados sin el debido proceso. En su pronunciamiento más reciente, el tribunal remarcó que los intereses en juego “son particularmente importantes”, citando incluso un caso previo en el que un migrante fue deportado por error y no pudo ser regresado al país.

La decisión de la Corte no aborda directamente si es constitucional aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto, sino que se enfoca en garantizar que los detenidos tengan la oportunidad de impugnar su salida del país. La orden indica que será un tribunal inferior el que deberá definir qué procedimiento debe seguir la administración antes de proceder con las deportaciones.

El juez Brett Kavanaugh expresó, en una opinión concurrente, que el máximo tribunal debería pronunciarse pronto sobre si la ley puede o no ser utilizada para este tipo de expulsiones. Mientras tanto, se espera que las cortes federales resuelvan los casos “de forma expedita”, según lo indicado por los magistrados.

Tribunales divididos ante la medida

Hasta ahora, jueces federales en Nueva York, Colorado y Texas han fallado en contra de la aplicación de esta ley para deportar a venezolanos, mientras que un juez en Pensilvania avaló su uso el pasado 13 de mayo. Esta disparidad judicial ha provocado que cada caso sea tratado por separado, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentra detenido cada migrante.

Además, la Corte Suprema ya había determinado en abril que los migrantes tienen derecho a solicitar una revisión judicial en el distrito donde están retenidos. Sin embargo, según la American Civil Liberties Union (ACLU), en muchos casos los migrantes no recibieron notificaciones en un idioma comprensible ni información suficiente sobre sus derechos, lo que impidió que ejercieran su defensa.

La administración Trump ha defendido su postura asegurando que los migrantes han tenido “tiempo adecuado” para presentar recursos legales. No obstante, el fallo reciente de la Corte desestima ese argumento, al considerar insuficiente el plazo de 12 horas inicialmente planteado por el gobierno para impugnar las deportaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!