Desde el 26 de junio de 2025 entró en vigencia la Ley de Integridad Pública, una normativa que ha generado preocupación en miles de trabajadores ecuatorianos, especialmente del sector público, ante la posibilidad de que se alteren los requisitos para jubilarse.

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La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se pronunció para desmentir los rumores: la edad mínima y los años de aportación al IESS no han sido modificados.

¿Qué requisitos siguen vigentes para la jubilación?

Los ciudadanos pueden jubilarse en Ecuador bajo dos condiciones generales establecidas por la Ley de Seguridad Social:

• Tener 60 años de edad y 30 años de aportes al IESS.

• O jubilarse a cualquier edad si se han acumulado 40 años de aportes.

Ambos escenarios siguen siendo válidos, tanto para empleados públicos como privados.

¿Qué sí cambia con la Ley de Integridad Pública?

El cambio más importante afecta al bono de compensación por jubilación que otorga el Estado a empleados públicos. A partir de ahora, este solo se entregará a quienes tengan 65 años cumplidos, sin excepción.

Antes, bastaba con cumplir los requisitos del IESS (60 años y 30 de aportes) para jubilarse y acceder a esta bonificación. Con la nueva ley, jubilarse antes de los 65 años implica perder el bono compensatorio, aunque sí se sigue accediendo a la pensión mensual del IESS.

¿Cómo se calcula el bono de jubilación?

El bono de compensación se calcula en base al salario básico unificado del año 2015, que era de $354. El beneficio se concede así:

• Se otorgan cinco salarios básicos por cada año trabajado desde el sexto año de servicio, hasta un tope de 150 salarios básicos.

Ejemplo práctico:

Un servidor público con 35 años de trabajo puede recibir un bono cercano a 53.100 dólares.

¿Qué ocurre con quienes ya estaban en trámite?

Los empleados que iniciaron su proceso de jubilación, pero no cobraron el bono antes del 26 de junio de 2025, deberán someterse a la nueva ley. Esto significa que si no tienen 65 años cumplidos, no accederán al bono de compensación, pese a haber cumplido el resto de requisitos.

La Unión Nacional de Educadores y otros sectores sociales han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta reforma. También anunciaron movilizaciones para el 11 de julio de 2025.

Mientras la Corte Constitucional resuelve si suspende o no la aplicación de la reforma, la normativa seguirá vigente.

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