La gente está expectante al ‘culebrón’ del juicio político solicitado en contra del presidente Guillermo Lasso y la Corte Constitucional (CC) ya le agregó un capítulo más.

Este 29 de marzo La CC decidió por mayoría calificada de seis votos que se dé paso al enjuiciamiento el mandatario ante la Asamblea Nacional, solo por uno de las tres causales: la de presunto peculado.

Y en medio de toda esta ‘telenovela’ política, la opción más fuerte que le ha ‘saltado’ al Jefe de Estado para batallar es la muerte cruzada (facultad del poder ejecutivo para disolver el poder legislativo).

César Luis Barthelotti, analista político, dice que esto es una medida que le serviría al presidente Lasso para ‘voltear la tortilla’ y seguir con sus facultades ejecutivas sin una Asamblea que se oponga, gobernando en solitario y solamente esperando la aprobación de la CC para decretos que van netamente en el ámbito económico.

“Al no tener este contrapeso (Poder Legislativo) se deduce que el presidente de la República (Guillermo Lasso) va a tener la capacidad de aplicar su plan nacional de desarrollo”, analizó Barthelotti.

Pero ante todo esto surge la duda: ¿qué tan conveniente es aplicar la muerte cruzada? Según Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudio Políticos (Celaep), esta alternativa es la menos peor.

“No hay mayores opciones y desde hace tiempo se debió escogerla”, a decir del analista. A su criterio, lo que ha impedido que esto se dé es la duda que ha tenido Lasso durante su mandato.

El panorama

Pero también se vendría un panorama un poco complicado. “Si se aplicara la muerte cruzada solo ratificaría la pugna entre ambos poderes del Estado. Además que tenemos una democracia débil que no cree en pesos y contrapesos basados en liderazgos de sus caudillos”, según Barthelotti.

Además, se avizora la amenaza de enfrentamientos entre ciudadanos porque, desde el movimiento indígena, sigue latente la total oposición a una eventual muerte cruzada. A su parecer, esto devendría en que Guillermo Lasso se convertiría en un dictador.

En este punto, ambos especialistas detallan que la opción de disolver la Asamblea es plenamente constitucional. “Lo que se busca con esto es que se acaben los ‘entrampamientos’ que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo”, precisó Mantilla