¡Acompañantes para abortos!

Paulina puso fin a su embarazo en el baño de casa. Tenía 21 años y estaba sola. En una farmacia del norte de Quito había conseguido tres píldoras de un medicamento abortivo por 20 dólares. “Me quebré, no quería que mi mamá se enterara”, recuerda cuatro años después.

“Me recosté, abrí bien las piernas y una amiga me introdujo las pastillas con el dedo”, cuenta a EXTRA. Tres horas más tarde, sintió unos dolores “incontrolables”, pero no sangraba. Las chicas se asustaron y buscaron ayuda en una clínica. El doctor le dijo que no iba a juzgarla, pero le pidió que le contara la verdad. Y ella accedió.

El médico le ayudó a controlar su malestar, pero no frenó el aborto. La joven pagó 150 dólares por la atención.

A las siete horas, de nuevo sola en su hogar, expulsó un coágulo y empezó un ligero sangrado, que duró cuatro días. Y tras una revisión ginecológica, confirmó que no había sufrido lesiones. Hoy, agradece haber tenido “suerte” con aquel doctor.

En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal permite procesar y condenar a las mujeres que aborten de manera voluntaria. Entre el 1 de enero y el pasado 30 de junio, según la Fiscalía, se recibieron 52 denuncias a escala nacional, un 8,33 % más que las 48 de todo 2015. Además, la proyección con respecto a 2016, cuando se registraron 66, también podría arrojar un notable crecimiento al finalizar este año (de seguir con la tendencia constatada hasta la fecha, se podrían superar las 100 en 2017). “Ninguna de las mujeres a las que hemos acompañado ha sido criminalizada”, afirma Stephanie Altamirano, vocera de Las Comadres, una red feminista que brinda apoyo a quienes deciden interrumpir sus embarazos.

En 2015, el colectivo habilitó una línea telefónica para que las interesadas las contacten y concreten un encuentro personal. Su objetivo es informar sobre el “aborto seguro con pastillas”, sobre estrategias para evitar procesos judiciales, entablar contactos con organizaciones internacionales que facilitan abortivos... Desde hace dos años, Las Comadres han realizado entre 500 y 600 acompañamientos a embarazadas de hasta 24 semanas y cuatro días de gestación.

Antes de acercarse a ellas, Carla estuvo en un consultorio médico, en un edificio “súper oscuro, que olía a viejo”. El médico le hizo una ecografía y mostró ante ella “cierta actitud de crueldad”, como si la reprendiera por lo que estaba haciendo. “Me sentía horrible, nunca había llorado tanto”, relata. Él le dio dos opciones: legrado (300 dólares) o píldoras. Carla se tomó una semana para decidir. Y, justo en esos días, un amigo le habló del colectivo de acompañamiento y le pasó su contacto. “Me indicó que llamara entre las 17:00 y 22:00 (de lunes a domingo)”.

Durante la primera conversación, las mujeres pueden solicitar asesoramiento y pactar un encuentro. Carla fijó una reunión en un parque de la capital, a la que asistió con el hombre de quien estaba embarazada. Allí se encontraron con dos acompañantes, como dicta su protocolo. Ella recibió un folleto explicativo “lindo, colorido, muy amigable”. “(Las Comadres) normalizan la situación, te cuentan que hay mujeres que les duele más, a otras menos... Era un apoyo de verdad”, destaca.

En la cita se habla sobre la situación de quien va a abortar, el protocolo médico y cómo realizar el procedimiento. Al final, las interesadas completan un formulario en línea para solicitar las pastillas. “Organizaciones internacionales aliadas envían el medicamento en una semana”, señala Altamirano.

Tras la charla, Carla se comunicaba a menudo con su comadre. Y cinco días después, llegaron las píldoras. “Solo pagué el envío, como 3,50 dólares”.

EL MOMENTO

La noche en que abortó en casa, el chico estuvo a su lado: “Tomé la primera dosis. Fue ‘focazo’. Sentí como un electroshock. Era extraño. Me dieron muchos escalofríos, comencé a temblar y a sudar, era como un cólico menstrual. Empecé a sangrar un montón, a llorar y me quedé dormida. Desperté un par de horas después, tomé la segunda y ya no fue tan fuerte. Las Comadres me explicaban que hay que controlar el sangrado para saber si es necesario ir a un hospital. Al otro día me sentí muy bien físicamente, tenía una menstruación normal”.

Las Comadres estuvieron pendientes por chat: “Me indicaron que, después de 15 días, hay que hacerse una eco y me direccionaron a una doctora de confianza, en un centro médico público. Ella confirmó que todo estaba bien”.

LA ESCUELA

Los pasados 29 y 30 de julio se organizó en Quito un espacio formativo para mujeres interesadas en este tema, donde Las Comadres, que cuentan con 13 acompañantes, estuvieron presentes. “La demanda es un poco desbordante, pero la escuela nació para que la red crezca”, explica Altamirano.

Tras un proceso de selección, decenas de mujeres de distintas provincias fueron escogidas. Su meta es que la práctica de la interrupción del embarazo salga de la clandestinidad.

Carla fue una de las seleccionadas. “Compartir la experiencia con Las Comadres es más fácil. Para otras ha sido ‘tan foco’ porque no sabían de la red. Quien decida hacerlo lo va a hacer sí o sí, la cuestión es encontrar la manera más segura y amigable”, enfatiza. Como comadre, Stephanie asegura que todo lo que hace el grupo es legal: “Dar información y acompañar no está penalizado”.

EL EXPERTO

“Hay violaciones al debido proceso”

Ana Vera, abogada Surkuna

La abogada Ana Vera apunta que muchas mujeres acudieron al servicio de salud con un sangrado y, sobre esta base, se empezaron los procesos contra ellas. “En la mayoría de los casos, es difícil distinguir entre una interrupción provocada y una espontánea”, sostiene.

La también miembro de Surkuna, organización que lucha por los derechos de las mujeres, enfatiza que la atención médica a veces se condiciona a lo que las pacientes declaren ante la Policía Nacional o el servicio de salud. Generalmente, ellas son de bajos ingresos, indígenas, afros, jóvenes...

Cuando el médico las denuncia, indica la experta, “hay violaciones al debido proceso”, pues este tiene la obligación de guardar el secreto profesional. Pero ante el miedo a ser también judicializados, algunos “prefieren actuar legalmente”.

La abogada conoce de casos de menores de edad que llegan al sistema de salud con abortos en curso y que, al no ser imputables, supuestamente terminan con sus madres judicializadas. Pero no todas las condenadas van a la cárcel. Existen alternativas como apelar o realizar trabajos comunitarios.

El ministerio

Guardar el secreto profesional es una obligación

El pasado 4 de agosto, el Ministerio de Salud Pública difundió un memorando, donde indicaba que está llevando a cabo un proceso de transformación profunda para cumplir con el compromiso de garantizar la salud a toda la población. Eso incluye la salud sexual y reproductiva, partiendo de una premisa preocupante: el 15,6 % de las muertes maternas en Ecuador se relaciona con interrupciones del embarazo en condiciones inseguras (la quinta causa en número de víctimas).

Además, la notificación recuerda que los profesionales de la salud están “obligados” a preservar “el secreto profesional”, a propósito de las denuncias contra mujeres que acuden a los establecimientos de la red pública integral tras una pérdida gestacional. Una premisa recogida en el artículo 66 de la Constitución y el 179 del COIP.

LA ENTREVISTA

Ernesto Pazmiño / DEFENSOR PÚBLICO

“Un embarazo forzado es una forma infame de violencia”

¿Cuál es la situación de las procesadas a las que acompaña?

Entre 2016 y 2017 hemos patrocinado siete casos. Cuatro fueron sobreseídos; dos tuvieron sentencia, a través de un procedimiento abreviado; y uno está en instrucción fiscal.

¿Por qué la mayoría son denunciadas desde las casas de salud?

Hay una confusión de los médicos entre su deber de denunciar un delito y su obligación de guardar reserva. Existen protocolos que vulneran el secreto profesional y médicos y enfermeras que las denuncian como castigo.

¿Y el proyecto de ley que presentó para despenalizarlo?

Está en trámite en la Asamblea y hay interés de varios sectores políticos y sociales. Trabajamos con organizaciones civiles, universidades, dirigentes que apoyan nuestra propuesta.

Correa impidió el debate. ¿Hay acercamientos con Lenín Moreno?

El presidente conoce mi propuesta. Le he manifestado sobre el documento presentado a la Asamblea y la enorme urgencia de despenalizar el aborto, al menos por violación.

Nota editorial

El aborto es una realidad en Ecuador, que genera un amplio debate social y está penado por la ley (salvo en los casos del artículo 150 del COIP). EXTRA no quiere tomar partido, pero considera necesario informar sobre él.