“Mi hija tenía catorce años cuando dos compañeros suyos del colegio cogieron desde Instagram las fotografías de las chicas más bonitas, las pusieron en otros cuerpos para hacer contenido pornográfico y las compartían por WhatsApp”.

Te puede interesar: El impacto de la desinformación en las redes sociales: el caso de Leidy Álvarez

Así recuerda Mariana cómo en febrero de 2023 inició la búsqueda de justicia para su hija. Empezó acercándose hasta aquella unidad educativa de Quito para denunciar el caso.

Este motivó la realización de una tesis de investigación por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que se precisa que los alumnos implicados manipularon y crearon más de 700 fotos y videos falsos con rostros de 24 compañeras, utilizando inteligencia artificial (IA).

Sorpresivamente, Mariana no obtuvo respuesta por parte de la institución educativa. “A mi hija le advirtieron sus amigas sobre las fotografías que eran compartidas por WhatsApp... A nosotros, como padres, no nos dieron explicaciones, ni reuniones, ni seguimientos, nada”, cuenta con tristeza.

Según el estudio State of Deepfakes 2023, realizado por la organización Home Security Heroes, empresa de ciberseguridad que protege a personas y sus bienes en línea, la revisión de 85 plataformas a nivel mundial permitió constatar que las producciones ultra falsas (como se conoce al contenido pornográfico realizado con IA que combina identidades reales de personas con montajes de cuerpos desnudos) aumentaron en un 464 % entre 2022 y 2023. La página señala también que mundialmente el 99 % de las víctimas son mujeres.

La creación de contenido explícito falso, desarrollado con menos de 100 dólares mediante herramientas de IA ya es una realidad. Así lo advierte la activista en seguridad informática Diana Maldonado: “No existe una ley que restrinja a la inteligencia artificial y esta puede llegar a crear hasta contenido pornográfico que incluya a menores de edad”, alerta.

11.853 denuncias entre 2019 y 2025

En lo que va de 2025, la Fiscalía de Ecuador ha recibido 815 denuncias por violación a la intimidad. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Si no hay una autorización de la persona que fue fotografiada para difundir la imagen, sea en ropa interior o como sea, el fotógrafo comete el delito de violación a la intimidad si hace una difusión de las imágenes sin el consentimiento. El que acceda, reproduzca o publique datos personales; intercepte, retenga, grabe o difunda datos personales, comunicaciones privadas de otra persona, cometerá el delito”, detalla el abogado Rodolfo Robinson.

Del total de 7.902 denuncias recibidas por la Fiscalía entre 2021 y 2025 que se encuentran activas, ninguna ha llegado a juicio. El abogado José Luis Ortega considera que existe un vacío en el COIP que no permite sancionar este delito. Argumenta que el artículo 178 no permite sancionar a quienes difunden contenido íntimo si quien lo comparte también aparece en el video o la fotografía filtrada.

“Mi punto está probado en el hecho de que por 4.189 denuncias que recibe la Fiscalía, se han abierto 4.174 investigaciones previas y 3.713 se han archivado. Solo se han abierto nueve instrucciones fiscales y existen cuatro dictámenes acusatorios”, sostiene el jurista.

Entre 2019 y 2025, la Fiscalía recibió 11.853 denuncias por violación a la intimidad, entre tentativas y consumadas, cifras a las que tuvo acceso EXTRA.

El chantaje que ‘parió’ una ley

Isabella Nuques fue víctima de violación a la intimidad, y la sentencia que obtuvo después de cinco años de presentar su caso ante la justicia ecuatoriana señala que su expareja cometió el delito de extorsión.

“Mi ex me decía que no subía mis fotografías a internet si yo le daba una cantidad de dinero a cambio. La Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional realizó un peritaje y el juez le quitó el agravante diciendo que éramos expareja. Todo esto empezó cuando yo tenía 18 años. A los 25 me atreví a denunciar”, rememora.

La difícil situación de violencia digital llevó a Isabela, comunicadora social, a investigar sobre las leyes de pornografía de venganza. Su lucha por los derechos de las mujeres ha contribuido a que la violencia digital sea reconocida como una forma de violencia en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (publicada en 2018).

Junto a decenas de activistas que también fueron víctimas de violencia en redes sociales y plataformas de mensajería, presentó su caso y la realidad de Ecuador en el Capitolio norteamericano. Ella formó parte de un proceso internacional que impulsó la aprobación de Ley de Retiro de Contenido (Take It Down Act), una legislación estadounidense promulgada en mayo de 2025 que obliga a las plataformas de internet, incluidas las redes sociales de Meta como Facebook, Instagram y X, a retirar contenido íntimo no consentido en un plazo máximo de 48 horas tras la denuncia.

“En estos casos necesita demostrarse que el delito se cometió y que hay un presunto responsable. Demostrarlo no es tan complicado porque agarras el link donde se está difundiendo o enseñas la conversación donde algún testigo recibió tu contenido íntimo. Lo más difícil es vincular la responsabilidad, porque lo hacen desde el anonimato”, explica la activista mexicana Marcela Hernández, quien participó en la aprobación de la Ley Olimpia, una iniciativa que castiga la difusión de contenido íntimo en su país.

La revictimización las frena

La quiteña Priscila Baquerizo coordina el programa Navegando Libres por la Red. Entre 2019 y 2025, la organización ha recibido 386 solicitudes de acompañamiento por situaciones de violencia de género digital a nivel nacional. De estas, solo en 12 casos las víctimas presentaron una denuncia penal; siete correspondían al delito de violación a la intimidad.

“Es muy común que las violencias digitales estén conectadas con violencia física, o que incluyan acceso no consentido a cuentas o dispositivos de la víctima. La denuncia legal no suele ser el camino que eligen. En su gran mayoría comentan que no lo quieren hacer, que ya lo intentaron o que el proceso es revictimizante, porque tienen que repetir su historia”, detalla Baquerizo.

La activista recuerda dos casos en los que las víctimas encontraron barreras para presentar la denuncia. En uno de ellos, “una adolescente había enviado fotos íntimas (a un chico). Las envió con consentimiento. Este chico empezó a difundir las fotografías. Ella, junto con su familia, fue a la Fiscalía y lo único que le preguntaron es si mandó las fotos (por su voluntad) o fue obligada a enviarlas. Entonces la respuesta inmediata (de la Fiscalía) fue que era su culpa, que ella sabía lo que estaba haciendo”.

Para seguir leyendo EXTRA sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!