En plena emergencia hídrica que afecta al sur de la capital, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionó a un ciudadano por comercializar ilegalmente agua proveniente de una vertiente natural en Quitumbe. El hecho ocurrió mientras otras comunidades del sur reactivan fuentes de agua para consumo doméstico, bajo una lógica de solidaridad y no de lucro.

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Venta ilegal de agua en Quitumbe

Durante un operativo de control, la AMC detectó un establecimiento en Quitumbe que ofrecía baldes y canecas de agua a un dólar, según un cartel colocado en la fachada del local. El agua era extraída directamente de una vertiente ubicada en el espacio público.

Aunque el ciudadano alegó tener una concesión sobre esa fuente, no presentó documentos legales que lo respaldaran. La AMC inició de inmediato un proceso sancionatorio, que podría derivar en una multa de hasta USD 1 880.

“La venta de agua en estas condiciones, sin autorización ni garantías sanitarias, representa una infracción que no permitiremos. Es nuestra responsabilidad evitar que se especule con un recurso vital en una situación de emergencia”, señaló Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe.

Uso comunitario de vertientes en otros barrios

Mientras tanto, en barrios como El Garrochal, Caupicho y otras zonas del sur de Quito, los vecinos han reactivado al menos 21 vertientes naturales como respuesta a la escasez de agua potable. 

En una nota anterior, EXTRA contó cómo se organizan por turnos y han implementado sistemas diferenciados para el uso del agua: una tubería para consumo doméstico (no potable) y otra para lavado de ropa o aseo.

Estas iniciativas no implican venta ni lucro. Son soluciones temporales que buscan aliviar la falta de abastecimiento oficial de agua potable. No obstante, expertos advierten que el agua de vertientes no debe ser utilizada para beber, cocinar o lavar alimentos, ya que podría contener bacterias o parásitos.

Agua: derecho, no negocio

La AMC recordó que el agua es un derecho humano, no un producto comercializable en contextos de emergencia. Por ello, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de venta ilegal y a mantener la solidaridad como principio rector en momentos de crisis.

La diferencia entre ambas situaciones radica en la finalidad y legalidad del uso del recurso: mientras la acción comunitaria busca compartir el agua en momentos de necesidad, el caso sancionado responde a un interés particular de lucro, sin garantías sanitarias ni permisos.

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