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Alcalde José Arroyo: los vacíos legales detrás de su traslado a una cárcel de mujeres
Su traslado abre el debate sobre la aplicación de la normativa de identidad de género en el sistema penitenciario del país. Abogada analiza el caso
El alcalde de Pujilí, José Arroyo, fue llevado a una cárcel de mujeres, en el sur de Quito, mientras se investiga el caso en su contra por presunto peculado. Esto ha desatado un intenso debate jurídico y social sobre los criterios para su ubicación penitenciaria.
De acuerdo con la abogada Lissette Pardo Jijón, en Ecuador no existe una disposición legal o penitenciaria que defina de forma expresa a qué centro de privación de libertad debe ir una persona LGBTI+ cuya identidad de género difiere de su sexo biológico, incluso si dicha identidad está reconocida oficialmente en el Registro Civil.

En la práctica, el “sexo legal” se interpreta como el consignado en la cédula de identidad, pero en casos de reconocimiento de género, la identidad asumida y registrada debe primar, evitando criterios basados en estereotipos físicos.
En este caso, el debate se agudiza porque, aunque legalmente se reconoce que Arroyo es mujer, su apariencia sigue siendo considerada “estereotípicamente masculina”. Según la especialista, esta situación genera vacíos normativos y deja las decisiones en manos de interpretaciones puntuales.
¿Qué hay detrás de su traslado?
La abogada también advirtió que, de confirmarse que el cambio de sexo legal ocurrió después del inicio de la investigación por peculado (octubre de 2024), cabría analizar si existió una intención de obtener beneficios penitenciarios.

Sin embargo, subrayó que cada caso debe evaluarse de forma individual y sin generalizar sobre la peligrosidad o intenciones de las personas LGBTI+ privadas de libertad.
Especulaciones
Frente a especulaciones de que el traslado podría estar motivado por la intención de evitar agresiones sexuales en una cárcel de hombres, la especialista señaló que la violencia sexual es un problema extendido en todos los centros penitenciarios, sin distinción de género u orientación sexual.
A su criterio, el beneficio más tangible en este caso podría ser la posibilidad de ubicar al alcalde en una celda individual, lo que le daría mayor seguridad y, eventualmente, cierta libertad de movimiento.
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