La disputa entre el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas escaló a nivel penal, con el alcalde Aquiles Álvarez acusando a la prefecta Marcela Aguiñaga de peculado y usurpación de funciones por usar recursos provinciales en obras municipales, el conflicto ahora depende de la evaluación de la Contraloría y la Fiscalía.

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Acusaciones de peculado

La disputa política entre el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas escaló nuevamente a nivel penal. La prefecta Marcela Aguiñaga emitió un ultimátum de cinco días para que el cabildo despejara la avenida Del Bombero, lo que provocó la dura reacción del alcalde Aquiles Álvarez. 

Este la acusó de peculado y arrogación de funciones, argumentando que la Prefectura intentó usar recursos provinciales en obras que corresponden únicamente al Municipio.

Peculado: un delito grave

El alcalde señaló que el uso de maquinaria, combustible y personal de la Prefectura en un proyecto municipal es peculado, tipificado en el artículo 278 del COIP, con penas de diez a trece años de prisión. Álvarez advirtió que la Contraloría tiene facultades para iniciar las investigaciones. 

Arrogación de funciones 

El segundo señalamiento se refiere a la usurpación de funciones. Según el COOTAD, la Prefectura no tiene competencia sobre obras viales en zonas urbanas, por lo que la orden de despejar la vía sería un acto fuera de contexto. 

La constitucionalista Carolina Calderón respalda esta visión y señala que este delito, contemplado en el artículo 287 del COIP, puede implicar prisión de uno a tres años.

Selectividad institucional

La abogada Calderón también criticó la falta de acción de la Prefectura frente a la tala de árboles en la ciudadela Las Garzas, un daño ambiental que sí está dentro de sus facultades legales de prevención y control. Esto pone en evidencia lo que algunos consideran una actuación selectiva de la autoridad provincial.

Respuesta de Aguiñaga 

Marcela Aguiñaga calificó las declaraciones del alcalde como "bravuconadas" y defendió su decisión, asegurando que respondía a denuncias ciudadanas sobre el tránsito. Señaló que existen recursos legales para impugnar la medida si el Municipio no está de acuerdo.

Conflicto con implicaciones legales

Lo que comenzó como un conflicto administrativo se ha convertido en una disputa legal de gran complejidad, con posibles sanciones penales de hasta trece años. El desenlace dependerá de la interpretación de la Contraloría y, en última instancia, de la Fiscalía General del Estado.

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