Desde el 16 de junio de 2025, los paquetes que ingresan a Ecuador bajo el régimen 4x4 —de hasta 4 kilos y un valor de 400 dólares— están sujetos a una nueva tarifa de 20 dólares. Esta medida, implementada por el Gobierno, tiene como objetivo proteger a la industria nacional de las importaciones irregulares, particularmente las que afectan a sectores como el textil. 

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Sin embargo, los empresarios del país consideran que esta tarifa es insuficiente. Argumentan que el verdadero problema radica en la informalidad, la evasión de controles y la competencia desleal, especialmente con la proliferación de plataformas digitales de comercio.

El arancel: Un primer paso, pero no la solución definitiva

Camilo Ontaneda, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, sostiene que el arancel de 20 dólares es solo un primer paso. Según Ontaneda, el problema estructural sigue vigente, y no se trata de demonizar el comercio electrónico, sino de exigir igualdad de condiciones en el mercado. 

“No se trata de satanizar el comercio electrónico, pero sí de exigir igualdad de condiciones en la cancha comercial. Hablamos de encadenamientos, no sólo la parte productiva, es la parte comercial formal”, explicó en una entrevista radial. Además, lamentó la normalización del ingreso de productos sin aranceles, IVA o garantías de calidad, lo que, a su juicio, equivale a contrabando.

El presidente de la Asociación alertó sobre los efectos perjudiciales para el consumidor, quien asume que los productos nacionales son caros sin conocer los altos costos tributarios y los estándares de calidad que respaldan dichos productos. “La materia prima tiene un precio internacional; no podemos vender por debajo de eso. Si otros lo hacen, es porque hay trampas detrás: explotación laboral, contaminación ilegal o insumos tóxicos. Lo barato, en este caso, puede salir carísimo”, advirtió.

Empleo formal en riesgo y un sector textil golpeado

El sector textil en Ecuador genera más de 122.000 empleos directos y cerca de 250.000 si se consideran los encadenamientos productivos. Gran parte de esta fuerza laboral está compuesta por mujeres y cabezas de familia. Ontaneda recordó que el tema no solo es económico, sino también social. “No podemos competir sin condiciones mínimas. Queremos seguir produciendo, pero no podemos hacerlo solos”, comentó.

En respuesta a la situación, el gremio propone una serie de medidas complementarias, como el acceso a crédito productivo, la flexibilización laboral regulada, campañas de consumo justo y la regulación de las plataformas digitales que venden productos en Ecuador sin tributar. Asimismo, celebraron la implementación del sistema Palantir, que dotará a las aduanas de inteligencia artificial para mejorar los controles, aunque Ontaneda subrayó que, “sin voluntad política, cualquier medida será solo papel mojado”.

El alcance del arancel en distintos sectores

Carlos Icaza Macías, máster en administración financiera y profesor universitario, también cuestionó el alcance de la nueva tarifa. Si bien reconoce que el arancel podría generar la percepción de un mayor control, advierte que su impacto sobre la formalización productiva es limitado.

Icaza subraya que las políticas públicas deben ir más allá de la protección e incentivar la competitividad. “Invertir en innovación, fomentar la formalización y generar incentivos a la industria son mucho más efectivos que simplemente encarecer las importaciones pequeñas. Deben ayudar a las empresas textiles a competir en el comercio electrónico, por ejemplo”, indicó.

Más allá del arancel: lo que realmente está en juego

Para Ontaneda e Icaza, el arancel de 20 dólares no debe ser visto como una solución definitiva. Ambos coinciden en que, si no se actúa de manera integral, los sectores productivos seguirán perdiendo terreno frente a la informalidad y la competencia desleal.

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