El asambleísta Luis Fernando Molina Onofa, representante por la provincia de Pichincha e integrante del bloque de la Revolución Ciudadana (RC5), ha cuestionado duramente al Gobierno por la presunta desvinculación de personal esencial en el hospital Universitario de Guayaquil. Esta acción se habría producido en medio de una crisis hospitalaria, agravada por el fallecimiento de 12 neonatos entre los meses de julio y agosto de 2025.

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El legislador ingresó un oficio formal dirigido al ministro de Salud Pública, Jimmy Daniel Martín Delgado, en el que solicita respuestas urgentes sobre la supuesta salida de varios trabajadores de áreas críticas del mencionado hospital. Según detalla el documento, se habría desvinculado recientemente a:

• Dos enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Neonatología
• Un laboratorista clínico
• Una enfermera de Hospitalización
• Una enfermera de Quirófano
• Una enfermera del Centro Obstétrico

Esta situación, según Molina, pone en grave riesgo la atención médica a recién nacidos y pacientes de alto cuidado, por lo que exige al Ministerio documentación certificada que justifique las decisiones adoptadas.

¿Qué exige el legislador al Ministerio de Salud?

El oficio, con fecha del 14 de agosto de 2025, establece un plazo de diez días para que el Ministerio de Salud Pública responda oficialmente y remita la información solicitada. Entre los requerimientos están:

• Copia certificada de las resoluciones o memorandos que dispusieron las desvinculaciones
• Fundamentos técnicos, administrativos o disciplinarios que motivaron dichas decisiones
• Evaluación previa del impacto operativo que tendrían estas medidas en el hospital
• Justificación para la reducción de personal en áreas críticas como Neonatología y Hospitalización
• Documentos que demuestren si el MSP conoció o autorizó los despidos

Además, se pide informar sobre las medidas inmediatas adoptadas para garantizar la atención médica adecuada en las unidades afectadas tras la salida del personal.

El legislador también citó en redes sociales la gravedad de los hechos. En su cuenta de X escribió: “En plena crisis hospitalaria se despide a personal clave para el cuidado de neonatos. Exijo respuestas y transparencia”.

¿Qué consecuencias legales podrían derivarse?

El documento enviado por Molina no solo pide respuestas, sino que activa un marco legal que podría escalar. De no cumplirse con la entrega de información completa en el tiempo establecido, se advierte que se notificará a la Presidencia de la Asamblea Nacional. En caso de persistir el incumplimiento, la comisión legislativa correspondiente podría convocar al funcionario a comparecer o, incluso, iniciar un proceso de juicio político, conforme a los artículos 76 y 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“El Informe de la comparecencia será difundido a la ciudadanía para fines de control ciudadano”, señala textualmente el oficio, en clara alusión a la dimensión pública y política del caso.

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