Eran cerca de las 14:00 del pasado 6 de mayo cuando Tamara Flores, cabo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), se comunicó por última vez, vía celular, con su esposo Geovanny Vidal, teniente y jefe de la institución en El Empalme.

“Me dijo que estaba algo cansado y por finalizar la jornada, pero primero debía cumplir en el destacamento de Balzar con un memorándum de servicio institucional por la emergencia sanitaria, pues varios compañeros tenían coronavirus”, comentó Tamara.

Una hora después, ella se enteró que su pareja había fallecido luego de que el vehículo que conducía perdió pista y se volcó en el kilómetro 97 de la vía Balzar-Guayaquil.

Fue el segundo golpe para Tamara, pues un mes antes había perdido a su progenitor.

Fueron casi 12 años de matrimonio. Ahora tiene el reto de cumplir con el compromiso de criar a sus tres hijas de 2, 4 y 10 años. Por eso juntas reciben asistencia psicológica.

El agente es uno de los 16 que fallecieron cumpliendo su labor durante la pandemia: 13 por COVID-19, dos en accidentes de tránsito y uno por complicaciones de una enfermedad.

Ellos recibirán el ascenso post mortem en el acto que se realizará hoy, a las 16:00, en la Comandancia General Norte.

A la ceremonia asistirá Nereida Ceavichay, quien por 33 años fue esposa del sargento Johnny Yulán, el mismo tiempo que él laboró en la CTE.

El uniformado, quien estaba a cargo del destacamento de Samborondón, dejó de existir el 5 de abril por COVID-19. Tenía 57 años de edad y con Nereida habían procreado cuatro hijos.

“A los dos nos ‘tumbó’ el coronavirus durante una semana, pero mi esposo no logró ganar la batalla”, expresa Nereida, quien espera que la CTE no decline en los planes de bioseguridad para que no aumenten las víctimas.

Los familiares de los agentes fallecidos esperan que el ascenso post mortem no quede en lo simbólico, sino que las viudas e hijos menores accedan a un beneficio económico.