Ante la circulación de rumores en redes sociales sobre una supuesta crisis en Banco Pichincha y su posible cierre, la entidad financiera y la Superintendencia de Bancos salieron al paso con comunicados oficiales. Ambas instituciones recalcaron que los fondos de los clientes están seguros y recordaron que difundir información falsa para causar alarma es un delito penal.

En un pronunciamiento emitido la tarde del 4 de agosto de 2025, Banco Pichincha calificó de “noticias falsas difundidas de manera irresponsable” a las versiones que generaron temor entre los usuarios. “Mantenemos nuestra solidez y estabilidad financiera intactas. Los fondos de todos nuestros clientes están seguros y protegidos”, señaló el banco.

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Banco Pichincha rechazó las afirmaciones infundadas que circularon en redes sociales, e hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en la desinformación. Recordó además que “difundir este tipo de información constituye un delito sancionado por la ley en nuestro país”.

La entidad también informó que, como medida de contingencia frente a las recientes intermitencias en sus canales digitales, sus agencias atenderían en horario extendido hasta las 18:00. Además, confirmó la operatividad de cajeros automáticos y puntos Mi Vecino.

La posición de la Superintendencia

Por su parte, la Superintendencia de Bancos ratificó que Banco Pichincha mantiene niveles adecuados de liquidez y solvencia, y que el proceso en curso no compromete la operatividad de la institución. Explicó que se trata únicamente de una revisión relacionada con la normativa de reporte de incidentes, sin impacto sobre los servicios a clientes.

El organismo exhortó a los ciudadanos a informarse únicamente a través de canales oficiales y recordó que propagar rumores puede tener responsabilidades legales. Para reportar afectaciones, se habilitó el correo balcon@superbancos.gob.ec y el portal de atención ciudadana.

Lo que dice el Código Penal ecuatoriano

El artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que quien divulgue noticias falsas que causen alarma y provoquen retiros masivos de depósitos puede recibir una pena de cinco a siete años de prisión. Esta figura se conoce como pánico financiero y aplica a cualquier persona que cause daño deliberado al sistema financiero, ya sea en redes sociales, medios o desde cargos públicos.

El COIP también contempla sanciones para personas jurídicas. Si una empresa o medio participa en la difusión de información falsa que genere pánico financiero, puede enfrentar multas de hasta 1.000 salarios básicos e incluso la clausura definitiva del establecimiento, según el artículo 325.

Además, el artículo 327 tipifica el pánico económico, aplicable a quienes difunden información falsa con el fin de alterar los precios de bienes o servicios en beneficio propio. La pena es la misma: de cinco a siete años de prisión.

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