Banco Pichincha informó la tarde de este 4 de agosto de 2025 que atenderá en horario extendido hasta las 18:00, tras la circulación de “noticias falsas difundidas de manera irresponsable” que generaron preocupación entre clientes y usuarios.

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En un comunicado oficial, la entidad rechazó categóricamente estas afirmaciones y reiteró que “mantiene su solidez y estabilidad financiera intactas”. Añadió que “los fondos de todos nuestros clientes están seguros y protegidos”.

Medida operativa por alta demanda

La ampliación del horario busca atender el incremento de usuarios en sus agencias. Además, el banco recordó que sus cajeros automáticos y los puntos Mi Vecino continúan operativos con normalidad.

Banco Pichincha agradeció la confianza de sus clientes y ratificó que mantendrá la información actualizada a través de sus canales oficiales.

Pronunciamiento de la Superintendencia

La Superintendencia de Bancos también se pronunció sobre el tema y confirmó que los depósitos en Banco Pichincha están seguros, que la institución mantiene adecuados niveles de liquidez y solvencia, y que el proceso abierto se centra exclusivamente en el cumplimiento de normativa interna de reporte.

La entidad reguladora hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a no difundir rumores que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero. Advirtió que hacerlo acarrea responsabilidades legales.

Qué dice la ley ecuatoriana

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla el delito de pánico financiero en su artículo 322. Según la norma, quien divulgue noticias falsas que generen alarma y provoquen el retiro masivo de depósitos puede recibir una pena de cinco a siete años de prisión.

Este artículo aplica a cualquier persona —natural o jurídica— que genere este tipo de afectaciones, y forma parte del marco legal que protege la estabilidad del sistema financiero nacional.

“La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.”

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