Cae empleada de hospital por extorsión en Quito: así operaba banda que exigía $15.000
La funcionaria fue detenida junto a otras tres personas. En el operativo se hallaron indicios que los vinculan con el delito
Operativo policial ejecutado en Quito permitió la captura de cuatro personas presuntamente implicadas en un caso de extorsión.
Un operativo ejecutado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) la tarde del 1 de agosto de 2025 permitió la aprehensión de cuatro personas presuntamente implicadas en un delito de extorsión en Quito. Las capturas se realizaron en dos puntos distintos: un centro comercial y las inmediaciones del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, ubicados en los distritos Eloy Alfaro y La Delicia, respectivamente.
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Según el parte policial, la víctima, de 52 años y de profesión técnico de mantenimiento, denunció haber recibido amenazas por mensajes de texto desde el número 0995533945. En dichos mensajes, los extorsionadores le exigían el pago de 15.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.
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Una vez conocida la denuncia, agentes de la UNASE activaron los protocolos correspondientes y montaron un operativo de intervención. A las 14:50 aproximadamente, se logró detener a tres personas cerca del centro comercial y, minutos después, a una cuarta persona en el hospital mencionado, quien sería funcionaria pública.
Los aprehendidos fueron identificados como:
- Roberto Antonio Andrade Andrade, ecuatoriano de 26 años, con boleta de encarcelación vigente emitida por el Tribunal de Garantías Penales desde el 30 de enero de 2024.
- Orliannis Betsabé Pérez Díaz, venezolana de 19 años, sin antecedentes.
- Freddy Alexander Vallejo Acevedo, ecuatoriano de 24 años, con antecedentes por asesinato (2014) y tenencia de armas (2021).
- Mónica de los Ángeles Villafuerte Paredes, ecuatoriana de 64 años, sin antecedentes.
Durante la intervención, se incautaron como indicios cuatro teléfonos móviles, un sobre amarillo y 50 dólares en efectivo. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica en las próximas horas.
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