Una ordenanza motivó a que la semana pasada el refrán “Pagan justos por pecadores” gane notoriedad entre conductores y propietarios de buses. El problema: la sanción que recae sobre los conductores por permitir que pasajeros se suban sin mascarilla.

La tarde del sábado, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) envió un comunicado en el que anunciaba un alcance de la medida, en el sentido de que la sanción será para el usuario que se retire el tapaboca dentro del automotor. La multa es de 20 % del salario básico ($80). Sin embargo, no deslinda de la responsabilidad al chofer en caso de que recoja a un pasajero que no lleve el protector de bioseguridad.

El comunicado de la ATM no convence a los transportistas, más aún porque la semana ya les ‘cayó el machete’ y se sancionó a 24 conductores.

Califican de “injusto e ilógico” que por “un descuido” de un usuario, sean multados con el 50 % del salario ($ 200), el retiro de 9 puntos en la licencia y en ocasiones hasta la retención del automotor.

La semana pasada, Vicente Taiano se estrenó como gerente general de la ATM con los operativos, señalando que la finalidad es evitar la propagación de la COVID-19.

Roberto García, con 20 años como conductor profesional, opina que hasta que no se aclare la resolución le conviene “vegetar en casa”, pues los 50 dólares que gana en un día no le alcanzan para pagar la infracción endosada.

Dirigentes y choferes de 25 cooperativas de transporte urbano se concentraron la tarde del sábado en el sur de Guayaquil para expresar su preocupación por la disposición.

Piden “rectificación total” del Municipio y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local. También un acercamiento con Taiano.

“No nos oponemos a los operativos, pero nuestra labor es conducir con cautela. No somos niñeros para permanecer atrás de los pasajeros y obligarlos a que utilicen la mascarilla”, argumenta Cristian Sarmiento, presidente de la cooperativa Río Amazonas y vocero de las operadoras.

El concejal José Flores considera que se debe realizar una campaña masiva de concienciación sobre la prevención contra el coronavirus y crear puntos estratégicos para la entrega gratuita de mascarillas.

“Si con eso no se cumplen las disposiciones, hay que sancionar al pasajero. El conductor debería tener la potestad para recurrir a un agente de tránsito”, indica.

César Carranza, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas (Fetug), rechaza esa disposición. Dice que los choferes se exponen a ser agredidos por usuarios infractores si intentan llamarles la atención. “Quizá se justificaría un llamado de la atención de la ATM cuando el chofer incumple con el aforo de usuarios, pero no por un irresponsable”, enfatiza.

Con ese criterio concuerda Manuel León, representante de la cooperativa Río Guayas, quien también hace referencia al paulatino crecimiento de la transportación informal. “No hay control con las tricimotos y taxirrutas. Esa situación y las sanciones nos están mandando a la quiebra”.