Un grupo de personas estaba inconforme con el valor de la planilla de luz que les llegó por los últimos meses de la pandemia. Se apostaron afuera de la Empresa Eléctrica en el norte de Quito, para reclamar cobros excesivos. 

Edison Cabrera pagó las cartillas normalmente y hace una semana le llegó el recibo de 102 dólares. “No me han contado los pagos que hice”.  Un caso similar era el de Lorena Cabascango, quien tiene una casa rentera. Uno de los departamentos fue desocupado antes de la pandemia, pero le notificaron que debía pagar cerca de 80 dólares por dos meses. 

Dos cuadras más abajo, en la Empresa de Agua Potable, otras personas se reunieron con el mismo reclamo.  Ante esta realidad, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y la Empresa de Agua Potable de Quito (Epmaps) se pronunciaron. La primera entidad dispuso el pago de facturas hasta en 12 meses sin intereses, solicitando un diferimiento.

La segunda comunició que si el valor estimado de la factura fue mayor al consumo real, la institución realizará una nota de crédito a favor del cliente.