Las comunidades kichwas de la Amazonía ecuatoriana, gravemente impactadas por el derrame de más de 15 mil barriles de crudo ocurrido en 2020, exigen un proceso de diálogo intercultural con las autoridades estatales, el cual debe realizarse directamente en sus territorios ancestrales. 

Esta petición busca garantizar el pleno respeto a sus derechos colectivos y su cosmovisión, como parte fundamental de cualquier proceso de reparación. La solicitud fue presentada formalmente ante el juez multicompetente de Orellana, en cumplimiento del fallo emitido por la Corte Constitucional en noviembre de 2024.

La cual ordenó revisar el caso debido a las graves irregularidades procesales identificadas en las instancias anteriores. La máxima corte del país determinó que las comunidades indígenas fueron privadas de su derecho al debido proceso, lo que ahora abre una nueva oportunidad para que se haga justicia en este emblemático caso de contaminación ambiental.

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En el marco de la revisión judicial ordenada, el magistrado Clemente Paz ha fijado para el lunes 30 de junio del 2025 un diálogo intercultural, decisión que se produce mientras las comunidades afectadas presentaron hoy un escrito formal exigiendo que este encuentro se realice directamente en los territorios kichwa contaminados por el derrame petrolero de 2020. 

Las organizaciones sostienen que solo mediante una visita a las zonas impactadas podrá comprenderse cabalmente la magnitud del daño ambiental y cultural causado hace cinco años. La demanda fue interpuesta legalmente por la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE).

FCUNAE toma el mando en representación específicamente a las comunidades kichwa asentadas en las riberas del río Coca, según se detallo en un comunicado en conjunto con la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador.

Contaminación afectó alimentación, salud y espiritualidad de 27 mil indígenas

Según los informes de las organizaciones defensoras, el vertido de crudo generó un daño catastrófico en cinco dimensiones esenciales de la vida kichwa: salud pública, soberanía alimentaria, prácticas espirituales, territorio ancestral y equilibrio ecológico, con consecuencias directas para más de 27,000 habitantes de las riberas del río Coca.

Pese a que las comunidades interpusieron medidas legales inmediatas mediante una acción de protección en 2020, las instituciones estatales han incumplido sistemáticamente con declarar la violación de derechos ni implementar mecanismos de reparación efectiva.

La magnitud del desastre alteró irreversiblemente los patrones de vida comunitarios que se mantenían inalterados por generaciones. Incluso cinco años después, las comunidades continúan sufriendo las consecuencias del derrame sin que exista reconocimiento oficial de su situación ni compensación por los daños acumulados en su tejido social y ambiental.

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