El expresidente Rafael Correa criticó la escasa asistencia a la movilización realizada la tarde del 14 de agosto de 2025 desde el parque El Arbolito, centro-norte de Quito, convocada para rechazar los despidos masivos en el sector público y otras políticas del Gobierno de Daniel Noboa.

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En su cuenta de X (antes Twitter), Correa afirmó que el plantón no superó las 300 personas, pese a que solo los funcionarios públicos despedidos suman 5.000 desde el 24 de julio, fecha en que se emitió el Decreto Ejecutivo 60.

“Una ‘marcha’ de 300 personas, cuando solo los funcionarios públicos arbitrariamente despedidos suman 5.000. (…) Si los mismos perjudicados no se organizan y reclaman, ¿Cuánto podemos hacer los partidos políticos que nos oponemos a tanta barbarie?”, escribió el exmandatario.

Convocatoria y motivos de la protesta

La marcha fue impulsada por organizaciones sociales, colectivos y gremios, entre ellos movimientos indígenas. El dirigente indígena y líder social Leonidas Iza señaló que el país vive “una crisis sin precedentes” y enumeró las razones de la protesta:

• Muertes de recién nacidos en hospitales públicos por negligencia y falta de insumos.
• Militarización de territorios que rechazan la minería.
• Abandono a comunidades campesinas y criminalización de defensores de la naturaleza.
• Migración forzada por falta de oportunidades en el campo.
• Familias urbanas sin vivienda, alimentos ni empleo.
• Multiplicación de despidos en el sector público.
• Expansión de la violencia e inseguridad en calles y barrios.

Iza también acusó al presidente Noboa de “entregar el país al FMI, condonar las millonarias deudas de su familia y favorecer negociados personales”, además de usar fondos públicos para financiar marchas contra la Corte Constitucional y “amenazar a jueces que cumplen con su deber de controlar al poder”.

Reacciones encontradas

Mientras los organizadores defendieron la marcha como una herramienta de defensa de derechos y dignidad, Correa sostuvo que la baja asistencia refleja un debilitamiento del compromiso y la consciencia política de los afectados.

Sindicatos y gremios han advertido que el Decreto 60 no garantiza reubicación laboral y que la medida deja sin sustento económico a miles de familias. Por su parte, el Ejecutivo ha defendido la disposición como parte de un plan de ajuste para optimizar recursos y modernizar la gestión pública.

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