La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició una indagación sobre jueces y fiscales acusados de dictar fallos irregulares que liberan a miembros de grupos criminales. El ministro del Interior, John Reimberg, compareció ante la comisión para exponer las irregularidades detectadas y su intención de transparentar los nombres de los operadores judiciales.

Denunció una “puerta giratoria” por la cual criminales detenidos salen en libertad gracias a medidas sustitutivas, basadas en actos tan triviales como presentar un recibo de agua. Señaló que más de 270 personas con arresto domiciliario están siendo vigiladas por 800 policías, lo cual implica un gasto de recursos comparado con la magnitud del problema.

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Según versiones oficiales, casi el 60 % de las detenciones en flagrancia resultan en medidas sustitutivas, incluso cuando los detenidos tienen historial delictivo. Esta situación debilita el impacto de los operativos y perpetúa la reincidencia, lo que, para las autoridades, demuestra la necesidad de revisar los criterios y endurecer la respuesta judicial.

Decisiones contra jueces corruptos

Reimberg afirmó que revelará públicamente la identidad de jueces y fiscales que concedan libertades cuestionables. “Delincuente que salga en libertad, voy a decir el nombre del juez y fiscal responsable”. Además propuso acelerar los procesos disciplinarios, que hoy pueden demorar hasta un año o más, eludiendo así sanciones oportunas.

Fernando Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que indagarán hasta alcanzar resultados concretos. Planean citar a autoridades del Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia...

La asambleísta Nathaly Morillo, de Acción Democrática Nacional, señaló que la investigación de los operadores de justicia debe extenderse a sus patrimonios y el de sus familiares. Añadió que determinarán la cantidad y remitirán la información al Consejo de la Judicatura.

Por su parte, la legisladora de la Revolución Ciudadana mencionó que desde el año anterior su bancada ha solicitado la comparecencia del contralor general del Estado, para hacer un examen especial a los patrimonios, pero no se ha logrado todavía. “Lo único que queremos es que se transparente lo que pasa en el país”.

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