Una vivienda patrimonial de Guayaquil tiene contra las cuerdas a Javier Tola, dueño de la conocida ‘Casa Tola’, que actualmente se ha convertido en un riesgo para la ciudadanía y un problema para el Municipio y el Ministerio de Cultura. 

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La vivienda que data de 1918 está ubicada en la avenida 9 de Octubre y Escobedo, pero desde 2022 su deterioro ha venido aumentando notablemente. Esto, después de que en abril de ese año se desplomó una parte de su fachada, lo que dejó comprometida gran parte de la estructura.

La familia Tola ha solicitado en varias ocasiones que este inmueble sea desvinculado de la lista de bienes patrimoniales del Ecuador ya que, según los estudios municipales, representa un 86 % de riesgo de desplomarse completamente, sin embargo se ha recibido la negativa por parte del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

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La mañana de este 20 de septiembre se llevó a cabo la audiencia donde la familia Tola solicitaba la desvinculación de la vivienda de la lista de Patrimonios Culturales y su demolición, sin embargo se conoció que el Ministerio de Cultura ha puesto una denuncia en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el dueño de la vivienda Enrique Tola por supuesta destrucción a los bienes patrimoniales.

“El 19 de septiembre pasado, a las 19:00, nos llegó un documento donde nos indicaba que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) nos denunciaba por daños al bien patrimonial. Nosotros no hemos hecho eso. Cuando yo solicitaba que la vivienda sea desvinculada de los bienes patrimoniales me indicaban que la máxima autoridad debía hacerlo. El pasado 5 de julio, de acuerdo a todos los informes presentados, el alcalde Aquiles Álvarez pidió la desvinculación y ahora sacan un montón de argumentos que no nos permite desvincularla y nos acusan de destruirla. Eso es insólito”, reclamó Javier Tola, propietario de la vivienda, que antes de que se desplome se encontraba funcionando.

Se pidió al departamento de comunicación del Municipio una respuesta del alcalde sobre el caso, para conocer su postura y las acciones que tomará al respecto, pero no hubo respuesta. Si considera que la casa debe ser demolida o mantenerse como bien patrimonial fue otro de los cuestionamientos, que no fueron contestados.

Por su parte Hugo Landívar, abogado de Javier Tola, explicó que la pena ante la denuncia del INPC es de 1 a 3 años de prisión, algo que consideran incoherente. “Nosotros solo pedimos que la vivienda pueda ser desvinculada de los bienes patrimoniales para que sea demolida porque representa mucho peligro para la ciudadanía y con la llegada de El Niño podría caerse completamente y queremos evitar una desgracia”, explicó.

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