La extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a a Estados Unidos fue noticia mundial y marcó un precedente en la lucha de Ecuador contra el narcotráfico y el crimen organizado, según expertos. Sin embargo, esta batalla está lejos de terminar: la violencia continúa y aún queda mucho por hacer.

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El domingo 20 de julio, menos de un mes después de su recaptura (25 de junio), Macías Villamar, señalado como líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, fue trasladado desde Guayaquil hacia Estados Unidos. Allí deberá enfrentar siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso y contrabando de armas de fuego.

El camino para la extradición de ecuatorianos fue trazado el 21 de abril de 2024, cuando se llevó a cabo una consulta popular y referendo que, entre sus 11 preguntas, planteó la posibilidad de que ciudadanos puedan ser trasladados a otros países que los requieran por procesos judiciales.

La extradición, aprobada en las urnas, es una herramienta poderosa contra líderes criminales, resalta Alberto Capella, consultor mexicano en temas de seguridad y exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, Morelos y Quintana Roo, en su país.

“No hay nada que impacte más a un capo latinoamericano que el hecho de ser extraditado a Estados Unidos. Ahora, las extradiciones tienen sus vertientes, porque seguramente los criminales llegarán a acuerdos importantes que les permitirán evadir la justicia algunos años”, comenta.

El especialista reconoce que Ecuador ha dado un paso importante con la extradición de Fito. Sin embargo, toma como referencia los casos de extradiciones de líderes delictivos desde México a Estados Unidos para advertir que habrá efectos para los cuales la fuerza pública debe estar preparada.

“Las extradiciones en México y hasta en Colombia no han disuadido o inhibido la violencia. Lo que han provocado es el desmantelamiento o descabezamiento de una organización criminal, para sustituirla por otra o para la asunción de otro líder criminal”, explica.

Mutación criminal

Según Capella, podría haber una lucha interna entre Los Choneros o un reposicionamiento de Los Lobos u otros grupos delictivos, aprovechando el vacío de liderazgo de Los Choneros. Es decir, se podría generar una mutación criminal, mediante la cual las estructuras también incursionen en otras actividades ilícitas.

José Luis Castillo, general en servicio pasivo del Ejército y docente universitario, refiere que Los Choneros podrían experimentar un cambio de líder de manera ordenada, pero también esto puede ocurrir de forma violenta y dispersa.

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“Podría haber una fragmentación y atomización de Los Choneros, donde cada uno de los líderes que siguen tome su camino, porque cada uno tiene su propio subgrupo. Pasó en Colombia con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que estuvieron en un proceso de paz, pero algunos bloques no se adscribieron, y ahora hay mayor violencia con las disidencias”, compara.

Hay que aprovechar esta etapa

Considerando esta transición en la criminalidad, Capella señala que el Gobierno, además de ejecutar acciones preventivas para evitar el aumento de la violencia, tiene la oportunidad de realizar un proceso interno de fortalecimiento institucional.

“El fortalecimiento tiene varias vertientes. Una es generar procesos internos de depuración y aplicar filtros en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que permitan un esquema de mayor transparencia en estas instituciones. La segunda vertiente es dar certidumbre y seguridad a los operadores del sistema. Y la tercera, un plan de mediano y largo plazo que permita consolidar no solo las instituciones, sino una estrategia contra el crimen, que analice económicamente cuánto representa, dónde se generan sus activos, etcétera”, detalla.

Castillo indica que, luego de la recaptura y extradición de Fito, el Gobierno debe hacer lo que se denomina la explotación del éxito. Esto significa que deben continuar las acciones enfocadas en el debilitamiento de Los Choneros y las demás organizaciones criminales, principalmente cortando sus fuentes de financiamiento e incautando sus activos.

“Hay que ir no solo tras los bienes de Fito, sino de toda su organización y de las demás bandas. De este modo también se podrá identificar qué otros nexos tenían, pues están inmersos en varias actividades ilícitas”, recalca.

Este trabajo, dice, se complementa con el debilitamiento de los liderazgos de todas las agrupaciones criminales. La fuerza pública, a través de investigación e inteligencia, debe definir quiénes son los cabecillas de las bandas y quiénes podrían seguir detrás en la cadena de mando, con el objetivo de cercar todos los frentes de las organizaciones.

Adicionalmente, es indispensable establecer cuáles son las conexiones de las bandas en las instituciones públicas, especifica Castillo.

Para cumplir estos propósitos, es necesario seguir ejerciendo presión contra los criminales a través de operativos y acciones que permitan capturar a los cabecillas.

“Debe continuarse declarando estados de excepción. Muchos críticos dicen que no sirven, que solo son para la foto, pero permiten estar en territorio. Esa herramienta debe reforzarse con la nueva ley que permite realizar allanamientos sin orden de un juez, a tiempo y con sorpresa. Hay que continuar trabajando en el territorio, haciendo inteligencia táctica, operativa y estratégica”, menciona.

Castillo se refiere a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio por la Asamblea Nacional, que si bien permite la realización de allanamientos sin orden judicial, requiere legalización posterior por parte de un juez en un plazo de 24 horas.

Para el experto, igualmente es importante que esto vaya de la mano con una reconstrucción social, pues en muchos hogares, por la ausencia de padres y un adecuado control familiar, los jóvenes han sido captados por las bandas, que han visto en ellas una supuesta protección y oportunidad de progresar.

Abogado apunta a política anticriminal

Para el abogado Jorge Luis Ortega, especialista en Derecho Penal, el país ahora necesita una política integral contra el crimen, que se construya con la Fiscalía, jueces, abogados, a la Policía, la Asamblea y la academia, entre otros actores de la sociedad.

“Tenemos unas políticas muy reactivas: estados de excepción, militarización, aumentos de penas. Son inmediatas, pero no se buscan o no se prevé medidas de mediano y largo plazo. Hay que recuperar las zonas que están en manos de las grupos delictivos”, expone.

También enfatiza que la Función Judicial debe ir de la mano con esta intención. Por eso, considera importante que los funcionarios de esta rama estén capacitados hacia ese objetivo y que se les haga un seguimiento, no solamente académico, sino también psicológico, integral, dándoles las condiciones apropiadas para que puedan laborar.

Otro aspecto que destaca es que, en materia penal, más que considerar necesaria la creación de nuevas leyes o reformas penales, opina que debe garantizarse el cumplimiento de las que ya existen.

“Con las reformas últimas planteadas en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional nos podemos batir, por así decirlo. La ley contempla la retención de cuentas, la prohibición enajenar bienes, la posibilidad ahora de procesar a una persona por el solo hecho de pertenecer a una organización criminal. Una política penal dura necesita leyes duras”, subraya.

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