La denuncia por desalojo en casas colectivas de Guayaquil llega a organismos internacionales

Con sonoros aplausos, los moradores de las casas colectivas de la calle Gómez Rendón y Avenida del Ejército (centro de Guayaquil) agradecieron el respaldo recibido por funcionarios de Alianza Internacional de Habitantes. La entidad revisará la situación en que viven, ante la advertencia de ser desalojados.

Patricia Sánchez, representante de la red mundial, explicó que presentaron una denuncia ante el Tribunal Internacional de Desalojos sobre del pretendido desalojo en los multifamiliares. En este caso se estaría “violando el pacto internacional de derechos colectivos que el Ecuador firmó en el marco de Naciones Unidas”, acotó Sánchez.

Según anunció la representante “no puede haber desalojos, si no hay medidas compensatorias”. Finalmente manifestó que el próximo 15 de octubre una comisión internacional del organismo estará en el lugar verificando su situación.

A defender el patrimonio

Reunidos en el Pasaje 4 que divide a los dos edificios, exponiendo con carteles su rechazo al desalojo, los moradores también aplaudieron el compromiso expuesto por Luis Gómez González, secretario del colegio de Arquitectos del Guayas, de defender los bloques multifamiliares “como patrimonio histórico”. Según Gómez, las casas colectivas fueron diseñadas y construidas bajo la dirección de uno de los fundadores del Colegio, el arquitecto Héctor Martínez.

“Esto le pertenece a Guayaquil y a toda la ciudadanía”, acotó. Además, añadió que el pretendido derrumbamiento se debe discutir desde un punto de vista técnico.

Junto con los moradores van a “hacer una gran acción de defensa” e incluso presentarán una propuesta sobre la ciudad que se quiere en el Foro Habitat III. El encuentro se realizará en los próximos días en Quito, refirió Gómez.

La jubilada María Mendoza Lucio, quien vive hace 18 años en los bloques, fue una de las moradores más contentas con los anuncios. Ella indicó que hasta abril del 2007 hizo los pagos de arriendo del departamento, pero después de esa fecha ya no quisieron cobrar.

María Eugenia Campos, secretaria de la Asociación de Moradores, explicó que alrededor de veinte familias tienen documentos como inquilinos legalizados. Otros tuvieron acceso a los alquileres por sus parientes asegurados.

Billy Navarrete, del Comité Permanente de los Derechos Humanos, sostuvo que en a la Gobernación del Guayas y al Instituto Ecuatoriano (IESS) solicitaron el diagnóstico en el cual se basaron para hacer el anuncio del desalojo. Recurrirán a los recursos de protección y medidas cautelares para precautelar la integridad de los habitantes de las casas colectivas.