Clínicas de rehabilitación, entre permisos y clandestinidad

El funcionamiento de centros de rehabilitación clandestinos es problema latente en el país, que ha vuelto a inquietar a los ciudadanos y autoridades, tras un incendio registrado el pasado 11 de enero en la clínica Por una vida nueva, ubicada en el suburbio de Guayaquil, donde fallecieron 18 internos. El lugar no contaba con autorización para ejecutar labores de rehabilitación: hace un año que no renovaba su permiso.

Según las autoridades, se han identificado centros ilegales que, sobrepoblados y en condiciones insalubres, ofrecen servicios a personas con problemas de adicción a las drogas y alcohol. Tras el siniestro, iniciaron los operativos de control cuyo objetivo era identificar y clausurar otros establecimientos clandestinos, pero la medida cesó provisionalmente el pasado 22 de enero.

Aquel día, el Gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, anunció que se detendría el cierre de estos espacios no regularizados y que se les dará un plazo de 30 a 90 días para que adquieran en licenciamiento requerido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y obtener así el permiso de funcionamiento.

La aprobación de la Acess, el ‘alto’ requisito

Los centros de rehabilitación no pueden funcionar sin la aprobación de la Acess. Este organismo se encarga de la regulación y control de los establecimientos de salud, que comienza por la emisión del permiso de funcionamiento, sin el cual no se puede ofrecer ningún tipo de servicio.

Durante el año 2018, la Acess emitió un total de 22.681 permisos de funcionamiento para establecimientos de salud de todo tipo, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP). Estos requieren una inversión promedio de $ 18.000.

El valor abarca la adecuación de consultorios, habitaciones, una farmacia y la implementación de un gimnasio. En el aspecto de personal, incluye la contratación de al menos seis profesionales médicos.

Las clínicas clandestinas no suelen cumplir con esos requisitos, de modo que el costo —de entre $ 100 y $ 150— por internar a un paciente resulta asequible para familias de escasos recursos, en comparación a los centros regularizados, en los que el costo promedio es de entre $ 700 a $ 1.000 mensuales.

La situación de las clínicas en el país

Según explicó la ministra de Salud, Verónica Espinosa, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, el pasado 24 de enero, la Acess acompaña a 248 establecimientos de rehabilitación y desintoxicación, tanto públicos como privados, para que completen su proceso de regularización.

Actualmente, existen 5.246 establecimientos de salud de todo tipo que están regularizando su situación.

Espinosa dijo que existe un número indeterminado de lugares clandestinos, que ofrecen desintoxicaciones sin tener las condiciones adecuadas, “que encierran a los consumidores y les aplican tratamientos que en muchos casos, incluyen tratos degradantes y la violación de sus derechos humanos”.

Informó además que durante el 2018 y enero de 2019, la Acess efectuó 75 operativos de control de los establecimientos de rehabilitación y desintoxicación, acción que terminó con la clausura de 67 de estos.

“En la zona 8 (correspondiente a Guayaquil) se realizaron 31 operativos y 29 clausuras de centros de rehabilitación”, detalló.

En temas de atención para adicciones, actualmente, el MSP cuenta con 12 Centros Especializados de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático del Alcohol y otras Drogas (CETAD) y alrededor de 743 centros de tratamiento ambulatorio y ambulatorio intensivo.

Un centro de rehabilitación para 7000 pacientes

El pasado 22 de enero, la funcionaria anunció también, junto al gobernador Ledesma, la aprobación del financiamiento para iniciar el proyecto de un complejo de rehabilitación en Guayaquil, que se construirá en un periodo de 24 meses y que tendría 20 camas para procesos de desintoxicación.

Este nuevo complejo cumplirá actividades destinadas a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños, inclusión e integración social a personas con problemas de adicción a drogas.

El proyecto contempla la construcción de tres centros especializados (para hombres, mujeres y adolescentes) en tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas, donde se estima realizar más de 7.000 atenciones anuales.

Además, tendrá un centro de salud mental comunitaria y un centro de desarrollo infantil, para el cuidado de los niños pequeños mientras sus madres reciben su tratamiento.

Hasta entonces, se reforzará la ruta de atención que ya tenía el ministerio de Salud, la cual consiste en un proceso ambulatorio integral básico o intensivo para adictos que no requieran internamiento.

Los que sí necesiten ser ingresados serán derivados a las tres clínicas de rehabilitación públicas que hay en Guayaquil o a las cinco privadas que tienen licencia actualmente.