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Ecuador: Ministerio de Salud paga hasta cuatro veces más por medicinas

Este tipo de actos son considerados legales, pero no es lo más conveniente para el Estado. No hay competencia real

En Ecuador, pastillas que pudieran costar 5 centavos de dólar son pagadas $ 0,21.
En Ecuador, pastillas que pudieran costar 5 centavos de dólar son pagadas $ 0,21. (Imagen referencial)Archivo

Ganar con el precio más caro. Esa parece ser la característica de Laboratorio Vida (Labovida), una de las empresas que más venden en las unidades del Ministerio de Salud Pública.

EXTRA revisó 70 contratos obtenidos en subastas inversas electrónicas en este año. En 48 procesos ganó con la oferta más cara, otras 14 subastas las ganó con el precio más bajo y en siete procesos no pujó contra nadie, pues fue el único oferente calificado.

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La Ley de Contratación Pública, art. 6 numeral 17, dice que el propósito de una subasta inversa es lograr que el Estado compre bienes o servicios de buena calidad al precio más económico. Esto no se cumple en el caso de los medicamentos.

Y si Labovida gana con el precio más costoso es porque la ley lo permite. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dice que a una empresa nacional se le da la preferencia para ganar las subastas, pues se le reconoce el Valor Agregado Ecuatoriano (VAE).

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De las 70 subastas inversas, Labovida puja en un 68 % únicamente con empresas y personas naturales que están registradas como proveedores extranjeros. No tienen VAE y no podrán ganar ante una firma nacional.

Daniel González, abogado en contratación pública, dice que ganar con el precio más caro diluye el sentido de la subasta. “En las subastas inversas electrónicas, la norma dice que el Estado preferirá el precio más económico, la ley no pone otro parámetro... Contraloría debería hacer un examen especial”.

En la compra de medicinas, Salud Pública ha pagado un precio hasta cuatro veces más caro por los mismos fármacos.

"En las subastas inversas, la ley dice que el Estado preferirá el precio más económico".Daniel Gómez,
​abogado en contratación pública
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Ocurrió el 25 de abril de 2023. La Dirección Distrital de Salud de Alluriquín, en Santo Domingo de los Tsáchilas, realizó una subasta. Participaron tres empresas extranjeras y Labovida, la única nacional.

A las 09:12 se inició la puja. Corporación Equinoccial Seikoec abrió con una oferta de 25.643,88 dólares por 111.500 pastillas de carbonato de calcio de 500 miligramos, que se usa para aliviar la acidez estomacal.

Poco a poco las otras empresas fueron participando. Ofrecieron precios cada vez más bajos. En su séptima oferta Britpharma C. A. propuso 6.132,50 dólares. Significa que por cada pastilla se pedía $ 0,05 (5 centavos). Labovida hizo solo dos ofertas: primero de 25.639,42 dólares y después bajó a 24.307, es decir 1.332 dólares menos. A las 12:59 se cerró la puja. Ganó Labovida. El MPS pagó por cada pastilla $ 0,21 (21 centavos).

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Aunque la operación es completamente legal, no es lo más conveniente para el Estado ni significa eficiencia en el uso del dinero público.

Esto no pasa cuando una compañía nacional compite con otros laboratorios nacionales. En cambio, de los 70 contratos analizados, solo en 14 contratos los hospitales públicos lograron el mejor precio. Ahí la clave fue que dos empresas nacionales compitieron de verdad.

Este Diario ha pedido desde el 2 de julio entrevistas a Labovida y al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio respondió que el pedido estaba siendo gestionado. Labovida no respondió.

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El detalle
  • Ventas. En los 70 contratos analizados, Labovida ha vendido 2 millones de dólares desde enero de 2023. En 2022 vendió 9,1 millones de dólares. Esta compañía es señalada por la Contraloría por el proceso SIE-IESSMANTA-70-20. Presentó un certificado de Ecuaquimica para distribuir sus productos. Era falso.
  • Normativa. El Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) es un porcentaje que se obtiene por la producción nacional. Aunque las compañías ecuatorianas vendan productos ecuatorianos no tienen VAE, solo se otorga a los fabricantes. Se incorporó en contratación pública para proteger a las empresas nacionales.

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