La contienda legal contra la Administración Ejecutiva de Estados Unidos, que buscaba poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), ha llegado a su conclusión con el compromiso del Gobierno federal de no restablecer la política impuesta por la Administración de Donald Trump (2017-2021), según informó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) el 5 de marzo.

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La batalla legal, que se inició en 2018 en California, fue liderada por nueve inmigrantes beneficiarios del TPS y cinco ciudadanos estadounidenses con padres protegidos por este amparo migratorio. Este esfuerzo legal logró frenar la orden del expresidente Trump de no renovar la protección a más de 400,000 migrantes, evitando así su exposición a la deportación.

La querella argumentaba que, a pesar de que el TPS es una acción ejecutiva, el entonces presidente no tenía la autoridad para poner fin a esta protección y que "la acción formaba parte de la agenda antiinmigrante y de supremacía blanca que el Gobierno estaba promoviendo".

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Emi MacLean, abogada de ACLU, destacó en un comunicado el esfuerzo respaldado por La Red Nacional de Jornaleros (NDLON), asegurando que este evitó que ningún beneficiario perdiera el TPS debido a las "acciones racistas e ilegales de la Administración Trump". "Si no se hubiera detenido, (la orden) habría puesto fin a la protección humanitaria para más del 98 % de todas las personas que tenían este estatus en ese momento (2017)", agregó la funcionaria.

El caso llegó a su conclusión después de que el Gobierno del presidente Joe Biden renovara el año pasado el TPS para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, y volviera a designar a los países de Haití y Sudán como beneficiarios.

El Gobierno federal se comprometió ante el tribunal a que "la conducta ilegal perpetrada en 2017 y 2018 'no será restablecida' ", según Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y profesor de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). "Si el Gobierno incumple su palabra, lo haremos responsable", añadió el jurista.

A pesar de la amenaza del expresidente Trump de poner fin nuevamente al TPS en caso de ser reelegido, los demandantes están preparados para una posible futura lucha. Hiwaida Elarabi, demandante de Sudán, afirmó que han aprendido mucho en esta pugna legal y estarán "listos para luchar de nuevo, si es necesario”.

José Palma, titular del TPS y coordinador de la Alianza Nacional del TPS, señaló que la lucha de este grupo va más allá de ganar litigios y que, al organizarse, han defendido con éxito el programa TPS. "Aunque aún no hemos llegado a nuestro destino de lograr la residencia permanente, sabemos que solo el pueblo salva al pueblo", concluyó el hispano.

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