La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden que suspende temporalmente la deportación de varios migrantes venezolanos retenidos en un centro de detención en Texas. La medida fue tomada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), ante la inminente expulsión de los detenidos sin el debido proceso judicial.

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Según la ACLU, muchos de los venezolanos afectados fueron notificados de que serían deportados en cuestión de horas, y algunos ya se encontraban en autobuses rumbo a los aeropuertos cuando se presentó el recurso ante el máximo tribunal. La organización argumenta que estas expulsiones violaban derechos constitucionales básicos, como el acceso a una audiencia justa.

El gobierno del presidente Donald Trump impulsó estas deportaciones amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa con más de dos siglos de antigüedad que se ha aplicado en muy contadas ocasiones en la historia del país, principalmente durante la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. Esta ley permite la detención y expulsión de extranjeros considerados una amenaza durante tiempos de conflicto.

¿Por qué se detuvo la deportación de venezolanos desde Texas?

El recurso legal buscaba frenar específicamente el traslado de supuestos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional nacida en Venezuela. La administración Trump había ordenado su expulsión hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a que muchos no tenían antecedentes penales ni pruebas concretas en su contra.

De hecho, abogados defensores denuncian que varios de los venezolanos fueron perfilados como pandilleros únicamente por tener tatuajes visibles. La Corte Suprema ya había advertido a principios de mes que, bajo esta ley, toda persona sujeta a deportación debe tener la oportunidad de impugnar su caso ante un juez.

Trump, al ser consultado sobre el operativo, respondió: "Si hay gente mala, serán expulsados. Por eso fui elegido. Los jueces no fueron elegidos".

¿Qué consecuencias podría tener esta decisión judicial?

La decisión del tribunal detiene de momento cualquier expulsión basada en esta normativa, hasta que haya un pronunciamiento final. Pero el caso ha encendido alertas entre organizaciones de derechos humanos y juristas, que advierten sobre los riesgos de usar leyes arcaicas sin garantías procesales.

Cabe señalar que la semana pasada la Corte Suprema ya había ordenado el retorno a EE. UU. de un salvadoreño deportado por error bajo la misma ley, lo que refuerza las dudas sobre su aplicación justa y constitucional.

La tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo podría escalar si la administración Trump insiste en continuar con estas deportaciones, lo que podría abrir una crisis institucional en torno al respeto a los derechos de los migrantes y a los límites del poder presidencial.

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