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El subsidio eléctrico, sigue siendo un tema central en el debate sobre la sostenibilidad del sistema energético en Ecuador.Montaje extra

¿Se eliminará el subsidio eléctrico para hogares de bajo consumo en Ecuador?

El Gobierno asegura que no eliminará la tarifa de la dignidad, pero estudia su focalización

El Gobierno de Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, está revisando, con apoyo del Banco Mundial, la focalización del subsidio eléctrico conocido como tarifa de la dignidad. 

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Este beneficio actualmente cubre a 1,8 millones de hogares con bajo consumo de energía, pero el Ministerio de Energía y Minas ha dejado claro que no se eliminará ni modificará.

La tarifa de la dignidad: un subsidio clave para los hogares ecuatorianos

La tarifa de la dignidad permite a los hogares con bajo consumo de electricidad pagar una tarifa significativamente reducida de 4 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh), mientras que el precio promedio nacional es de alrededor de 10 centavos por kWh. 

Este subsidio está dirigido a residencias que consumen hasta 130 kWh mensuales en la Costa, Oriente y las Islas Galápagos, y hasta 110 kWh en la Sierra. Para mantener este beneficio, el consumo debe mantenerse por debajo de esos límites durante al menos 11 de los últimos 12 meses.

El análisis del Gobierno: ¿revisión o recorte del subsidio?

Rommel Aguilar, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), comentó el 1 de julio en el evento Power & Renewable, Energies Ecuador 2025, que el Gobierno está analizando cómo mejorar la focalización de subsidios, incluida la tarifa de la dignidad. 

Según Aguilar, aunque el beneficio se asigna con base en el consumo, no siempre refleja la situación socioeconómica de los beneficiarios. En algunos casos, personas con recursos, como empresarios con bajo consumo, también reciben el subsidio, lo que podría generar distorsiones en su distribución.

Clarificación oficial: no se eliminará la tarifa de la dignidad

A pesar de las preocupaciones generadas por las declaraciones de Aguilar, el 2 de julio el Ministerio de Energía y Minas salió al paso de los rumores, asegurando que la tarifa de la dignidad no se modificará.

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio indicó que “¡la tarifa de la dignidad se mantiene intacta! En estricto apego a las políticas de El Nuevo Ecuador, informamos que bajo ninguna circunstancia se modificará, revisará ni cambiará esta tarifa. Velamos por el bienestar de los ecuatorianos”.

Objetivo del análisis: garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico

El análisis que realiza el Gobierno no tiene como objetivo reducir el número de beneficiarios de manera indiscriminada, sino revisar si los subsidios están siendo distribuidos correctamente. 

Este proceso forma parte de un esfuerzo más amplio de “sinceramiento tarifario”, iniciado con la actualización de tarifas para grandes consumidores industriales, como mineras y cementeras. 

A fines de junio de 2025, Arconel aprobó un aumento en las tarifas para estos sectores, que subieron entre 0,0791 y 0,1164 dólares por kWh, dependiendo del tipo de consumidor.

¿Por qué es importante revisar las tarifas eléctricas?

El objetivo, según Aguilar, es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, fomentar la eficiencia energética y atraer inversión privada para ampliar la capacidad de generación de energía.

“Un esquema tarifario que no cubre los costos puede llevar a un desequilibrio total del sector eléctrico. La tarifa motiva la inversión”, explicó.

Ecuador y sus tarifas eléctricas: una de las más bajas de la región

Aguilar también destacó que las tarifas eléctricas de Ecuador son de las más bajas en América Latina y el Caribe, lo que podría poner en riesgo la competitividad del sector energético si no se ajustan a la realidad de los costos:

  • 3ª más baja en el sector residencial (10,40 centavos por kWh).
  • 2ª más baja en el sector comercial (11,10 centavos por kWh).
  • 3ª más baja en el sector industrial (10,85 centavos por kWh).

Este bajo costo, según Aguilar, podría comprometer la competitividad del sector energético si no se toman medidas para ajustarlo a las realidades económicas actuales.

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