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En una entidad del Gobierno se prohibirá el uso de artefactos inteligentes, y quienes no acaten estas órdenes, serán sancionados.Canva

Esta entidad del Gobierno de Ecuador prohibirá celulares para proteger información

El SERCOP implementará un reglamento que limita el uso de dispositivos electrónicos en sus oficinas, con el objetivo de prevenir filtraciones 

La prohibición de los celulares surge tras casos de hackeo y manipulación de contratos ocurridos en 2025 y se enmarca en las exigencias de la nueva Ley de Integridad Pública, aunque ha generado malestar entre funcionarios, contempla sanciones por incumplimiento y excepciones para personal de seguridad y emergencias.

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Restricción de celulares y equipos personales

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) trabaja en la aprobación de un reglamento interno que prohibirá el uso de celulares, y otros aparatos electrónicos personales dentro de sus instalaciones. La iniciativa busca reducir riesgos de fuga de información sensible y proteger los procesos de contratación estatal.

Según el borrador, los servidores públicos deberán dejar en casilleros asignados teléfonos, tablets, laptops, relojes inteligentes y dispositivos de almacenamiento antes de ingresar a las oficinas; para ello, la Dirección de Talento Humano instaló 18 módulos con 288 casilleros en la sede de Quito.

La decisión ha generado inconformidad entre algunos trabajadores, quienes la consideran una medida restrictiva y desconfiada hacia el personal. No obstante, el SERCOP defiende que es una acción necesaria frente a riesgos internos y externos.

Antecedentes: filtraciones y hackeos

La resolución surge tras incidentes registrados a inicios de 2025, cuando se investigó a funcionarios por manipular claves y alterar más de 900 contratos en el sistema de compras públicas. Esto derivó en allanamientos de Fiscalía y en la suspensión temporal de la plataforma institucional.

Esta medida de prohibir los celulares entre otro objetos inteligentes, tiene como objetivo prevenir los hackeos y filtraciones de información reservada.Montaje EXTRA

Desde entonces, la entidad ha reforzado protocolos de seguridad digital y física en todas las entidades gubernamentales, el reglamento se enmarca en estas acciones, junto con la revisión de accesos y el fortalecimiento de procesos internos.

Exigencias legales y presión institucional

La aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública obliga al SERCOP a implementar nuevas tecnologías de control y trazabilidad, la normativa le da 180 días para revisar el catálogo electrónico y convenios vigentes, lo que ha aumentado la presión sobre la institución.

Contenido del reglamento

El documento aún no está en vigencia, pero ya circula entre funcionarios, sus disposiciones tendrán carácter obligatorio para todo el personal, incluidos contratados ocasionales y técnicos externos.

Los puntos principales incluyen:

  • Prohibición del uso de dispositivos electrónicos personales en áreas institucionales.
  • Aplicación de lunes a viernes, de 08:00 a 16:45.
  • Entrega obligatoria de celulares, bolsos y objetos personales en casilleros asignados.
  • Sanciones que van desde llamados de atención hasta la desvinculación laboral.
  • Instalación de cámaras de seguridad en accesos y firma de compromisos de confidencialidad.

Se exceptúa de la norma al personal de seguridad, técnicos de sistemas y equipos de emergencia, que podrán usar dispositivos institucionales bajo protocolos especiales; también se aplicará a visitantes externos, salvo proveedores o auditores acreditados.

Recursos y contrataciones públicas

El SERCOP sostiene que estas medidas garantizarán la confidencialidad de la información y el resguardo del sistema nacional de contratación, la institución ha solicitado más de 500 mil dólares para fortalecer sus plataformas tecnológicas, aunque los fondos aún no han sido aprobados.

Mientras tanto, el gasto público en contrataciones sigue siendo significativo y cada vez aumenta más, en 2024 se destinaron alrededor de 8.000 millones de dólares en bienes, obras, servicios y consultorías a nivel estatal.

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