Petroecuador ejecutó, entre el 8 y 9 de agosto de 2025, una de las medidas más contundentes de su plan de reestructuración iniciado en junio: la desvinculación de 936 trabajadores cuyos sueldos superaban ampliamente los valores de mercado y los límites establecidos por la normativa vigente. Según la petrolera estatal, este ajuste generará un ahorro anual estimado de $ 31 millones.

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Del total de plazas eliminadas, 205 correspondían a servidores públicos y 731 a contratos indefinidos bajo el Código de Trabajo. La revisión técnica reveló distorsiones salariales de entre un 50 % y hasta un 300 % sobre el valor real de los puestos, afectando la equidad interna y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Entre los casos más llamativos que la empresa hizo públicos, figuran:

• Obrero o auxiliar de archivo: $ 2.132,06 mensuales frente a $ 531, una diferencia de $ 1.601,06 y un exceso del 301,52 %.
• Conductor: $ 1.508,96 frente a $ 566, sobrevaloración del 166,60 %.
• Especialista de operaciones y mantenimiento catalítica 1: $ 4.889,92 frente a $ 2.736, un 78,73 % más.

¿Cómo se justificó el recorte?

La petrolera explicó que la “depuración de personal sobrevalorado” se sustentó en un análisis técnico que comparó las remuneraciones con estándares de mercado y disposiciones legales. “Cuyos salarios presentan distorsiones significativas respecto del valor de sus puestos y funciones, según los estándares de mercado y la normativa vigente”, señaló en su comunicado oficial.

Petroecuador afirmó que el proceso se realizó protegiendo a grupos vulnerables y a dirigentes sindicales, y que las funciones de los cargos eliminados serán asumidas por personal con perfiles equivalentes, para garantizar la continuidad de las operaciones estratégicas.

Este ajuste forma parte de la tercera fase del plan de reestructuración que, en julio, ya había reducido 250 puestos. En total, entre julio y los primeros días de agosto, 1.186 trabajadores han salido de la empresa.

Mientras la administración defiende la medida como un paso hacia la eficiencia y transparencia, los sindicatos la han cuestionado, advirtiendo que podría significar una vulneración de derechos y afectar el desempeño de la industria petrolera.

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