El proyecto del Quinto Puente o Viaducto Sur de Guayaquil, considerado una de las obras de infraestructura más ambiciosas del actual Gobierno, está envuelto en controversia debido a los terrenos que se planea expropiar para su construcción. Una parte de estos lotes pertenecen a empresas vinculadas a familiares del presidente Daniel Noboa, lo que ha encendido las alarmas en sectores ciudadanos y de control anticorrupción, mientras que los asambleístas de Guayas optan por el silencio ante las inquietudes públicas.

(Te puede interesar: Quinto Puente de Guayaquil: Retos y avances de un ambicioso proyecto vial)

La obra cruzará el sur de la ciudad hasta llegar a terrenos ubicados en la ciudadela Florida del Guasmo, donde se encuentran Blasti S. A. e Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., firmas que, según la Superintendencia de Compañías, tienen como beneficiarios finales a Isabel Noboa Pontón e hijos, así como a las hijas de Leonor Noboa Pontón, tía del mandatario. Estas compañías también tienen lazos con LanFranco Holding S. A. y Fruit Shippers Limited, entidades con registro en paraísos fiscales.

Este vínculo familiar, en un proceso que involucra expropiaciones financiadas con recursos públicos, genera interrogantes legítimas sobre posibles conflictos de interés, pero hasta el momento no ha motivado respuestas ni acciones por parte del Legislativo provincial.

¿Por qué los legisladores no se pronuncian?

Este Diario intentó obtener la versión de varios legisladores de Guayas, tanto del oficialismo como de la oposición. Se contactó a los miembros de ADN Ferdinan Álvarez, Jorge Chamba, Andrés Guschmer y Paola Jaramillo; así como a los correístas Victoria Desintonio, Ricardo Patiño, Roberto Cuero y Ana Belén Yela. Ninguno respondió a las solicitudes de información y, en varios casos, los mensajes fueron dejados en visto.

Este silencio ha generado preocupación entre organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), cuyo coordinador en Guayas, Ricardo Ramírez, criticó el mutismo legislativo, especialmente el de los asambleístas oficialistas.

“No hemos escuchado a Valentina Centeno ni a Niels Olsen hablar sobre este tema”, dijo Ramírez, aludiendo a figuras clave de ADN, el movimiento del presidente. Recordó también que estos sí se han pronunciado en otras obras de menor impacto, como pasos a desnivel construidos por el Municipio de Guayaquil.

Ramírez alertó que el proyecto no debe quedar fuera del control ciudadano, ya que existen, según dijo, “varias denuncias sobre irregularidades que no se han aclarado” en este Gobierno. En ese sentido, la CNA ha anunciado que ejercerá contraloría social durante todo el proceso de construcción del viaducto.

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre las expropiaciones?

Tras los reportes periodísticos, el Ejecutivo reaccionó. La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, defendió la legalidad del proceso y restó importancia a los vínculos familiares: “(Las expropiaciones) Se las realizará cumpliendo la norma y la ley que haya que cumplir, independientemente de quiénes sean los propietarios de esos terrenos”.

Jaramillo también enfatizó que la atención pública debería enfocarse en que esta “es una obra trascendental y la está realizando este Gobierno”. Añadió que “no hay ninguna novedad” en los procedimientos adoptados para ejecutar la obra.

Por su parte, el exasambleísta y exministro de Transporte César Rohon reconoció que el procedimiento está regulado, pero subrayó que la Asamblea y la Contraloría General del Estado tienen la facultad de ejercer control, en caso de que se detecten pagos fuera de lo establecido por la ley.

Lo que está en juego

A pesar de tratarse de una obra con beneficios esperados para la conectividad y la movilidad del sur de Guayaquil, los procesos de expropiación de terrenos siempre deben contar con máxima transparencia. Esto se vuelve más relevante cuando los beneficiarios finales son familiares del presidente de la República.

El silencio de los representantes legislativos ante posibles irregularidades no solo genera desconfianza, sino que también debilita el control político y la institucionalidad democrática. Mientras tanto, la ciudadanía y organizaciones sociales asumen el rol de vigilancia, esperando que las autoridades competentes actúen con responsabilidad y rendición de cuentas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!