Estudiantes retornando a sus viviendas, otros saliendo rumbo a sus planteles, unos adolescentes golpeando una pelota en la cancha, madres que alistan el almuerzos... Esa es la rutina entre la mayoría de los moradores de las casas colectivas, tras 24 horas de haber recibido el ultimátum de desalojar.

En una rueda de prensa realizada este 27 de septiembre, Julio César Quiñónez, gobernador del Guayas, junto a Yuliet Erazo, directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reiteraron que los multifamiliares ubicados entre las calles Gómez Rendón, Maldonado y avenida del Ejército serán desocupados para levantar un centro médico materno infantil, de atención ambulatoria. Samuel Morán, presidente del comité de moradores, explicó que ellos van “a seguir en pie de lucha”, hasta que se tome en cuenta sus consideraciones. Por ello, siguen con las readecuaciones programadas para mejorar la imagen de las edificaciones.

La mañana de este miércoles, un pintor, con paleta y mortero en mano, resanaba las grietas de las paredes interiores del primero de los bloques, así como de los muros. Ahí aplicaba la base antes de pasar las manos de pintura.

El directorio de los moradores estuvo reunido con representantes del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para analizar las acciones que tomarán en estos tres meses que tienen de plazo para desocupar los inmuebles. “Vamos a ayudarlos presentando algunos recursos legales y unas cartas para que se les proporcione el diagnóstico en el cual se basaron para plantear los cambios”, sostuvo Billy Navarrete.

Según Samuel Morán, cuando hicieron el censo que tienen como base del diagnóstico fue “sin previo aviso y muchas familias se quedaron sin ser registradas”. Las estadísticas que manejan en la Gobernación es que ahí viven 650 personas. Pero, según el conteo de los moradores ahí viven alrededor de 1200 personas, quienes conforman 358 familias.

El gobernador Quiñonez expuso que solo quienes viven en cinco de los hogares tienen relación de dependencia directa con el IESS y por lo tanto serán reubicados. El planteamiento es trasladarlos al plan habitacional Sociovivienda.

Otro de los puntos cuestionados son las deudas que el grupo poblacional tiene con la Corporación de Electrificación e Interagua, en una suma que bordea los 300 000 dólares. Navarrete acotó que los funcionarios no están considerando un informe de Patrimonio Cultural que concluyó que estos inmuebles pueden ser rescatadas y mantenerse por el valor histórico que tienen.

“Vamos a aprovechar este tiempo que nos han dado para insistir en que nos atiendan y buscar una mejor solución”, resaltó Morán. No obstante, confirmó que hace falta unidad entre los habitantes, pero no se van a “quedar con los brazos cruzados”.