Los días transcurren y la desesperación se ahonda para quienes habitan en el plan habitacional Socio Vivienda 2, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Pues su mayor temor es que cuando acabe el estado de excepción volverán a estar a merced de la delincuencia.

Faltan cuatro días para que termine el decreto presidencial que rige desde el 14 de agosto pasado y las personas que residen en esta zona porteña no solo carecerán del resguardo militar, sino también de los cerramientos, con los que aseguran se protegían de los pillos que operan en este lugar y que han convertido sus días y noches en una constante pesadilla.

La mañana de ayer la moradora Jacqueline Bueno no pudo contener las lágrimas y suplicó a los policías, militares y personal del Municipio que no retiraran las rejas que fueron colocadas por sus vecinos para evitar que los delincuentes entren a sus casas.

“Cada uno pusimos 35 dólares para mandar a hacer las rejas. No entiendo por qué nos dejan más desprotegidos. Sentíamos algo de seguridad porque vivíamos dentro del cerramiento, ahora les digo a mis hijos que no pueden ni salir a la vereda. No sé por qué nos hacen esto, nos están mandando al matadero”, dijo llorando la guayaquileña, quien hace 7 años fue reubicada en este sector de la ciudad.

Tati Castillo y Janeth Quiñónez, ambas residentes de la manzana 1504, dejaron sus quehaceres domésticos y ayudaban a sus vecinos a retirar las rejas colocadas hace 9 años en las inmediaciones de sus viviendas. “Preferimos retirarlas a que se las lleven, no sabemos qué vamos a hacer cuando se vayan los militares. Ayer les cortaron la luz a varios vecinos, ahora nos dejan desprotegidos”, dijo en tono enérgico Tati.

Javier Maldonado, quien habita en la manzana 1607, no solo reconoce que no ha pagado la planilla de luz por más de un año y que adeuda alrededor de 500 dólares, sino que pasadas las 17:00 que tuvo que reconectarse y abastecer de forma ilegal del suministro eléctrico. “Tengo tres hijos y no los puedo tener en tinieblas. Apenas tenemos para comer, no me alcanza para pagar los servicios básicos, vivimos en tierra de nadie”, manifestó.

El coronel Óscar Orellana, subjefe del distrito Nueva Prosperina, explicó que este es el tercer operativo desarrollado en menos de diez días en Socio Vivienda. “En la primera fase se hizo el retiro de los reductores de velocidad, en la segunda fue la recuperación de los espacios públicos en los sectores donde había grafitis, ahora elaboramos el retiro de portones no autorizados”.