El ingeniero Jean Pierre Pazos Puente fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de su madre en Alangasí, al oriente de Quito. Este hecho causó gran conmoción en la ciudad capitalina y el país. 

Según la investigación del caso, el condenado tuvo una discusión con su progenitora por una propiedad que ella había vendido días antes, y los ánimos se acaloraron al punto de que Pazos la estranguló con una correa, la mañana del 3 de septiembre del 2024.

Luego, sin saber qué hacer con el cuerpo sin vida, fue a un centro comercial ubicado en Sangolquí para comprar una maleta, en la que metió el cadáver de su mamá y luego la abandonó en una zanja, a dos cuadras de la casa.

De ahí se dirigió a un parque para cambiarse de ropa, creyendo que el crimen había sido perfecto. Pero se equivocó, pues él mismo cometió un error que desembocaría en la investigación que lo llevó tras las rejas.

¿Cómo determinaron su culpabilidad?

El 4 de septiembre, el cuerpo de la señora, de 53 años, fue encontrado en la hondonada por una moradora del sector. Un día después el ingeniero acudió a la Unidad de Desapariciones y Muertes Violentas de la Policía para alertar que no tenía rastro de su madre; y cuando le mostraron el cuerpo de ella, lo reconoció.

Según él, su progenitora había viajado a Cotacachi porque estaba estresada y aseguró que había dejado su celular en la casa antes de marcharse. 

Esto les pareció extraño a los agentes, quienes revisaron las cámaras de seguridad de la zona y marcaron el trayecto que habría recorrido el sospechoso hasta dejar la maleta abandonada en una zanja. En esta también identificaron huellas dactilares de Pazos. Pruebas que fueron contundentes para demostrar su culpabilidad durante el juicio. 

Intentaron limpiar su culpa

Durante las etapas procesales de este caso, los abogados del sospechoso intentaron desviar la atención del caso, haciéndoles creer a los investigadores y a las autoridades judiciales que Pazos había cometido tan atroz crimen porque era constantemente maltratado por su madre. 

No obstante, las investigaciones determinaron que el sujeto actuó con saña y voluntad propia.

Este fue uno de los agravantes para aumentar la sentencia, la cual se incrementó un cuarto de la pena máxima, de 30 a 40 años.

Tras la decisión de los magistrados durante la audiencia de juzgamiento, los abogados del sentenciado apelaron la decisión de los jueces, argumentando que hubo contradicciones en el juicio. Esta deberá ser revisada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

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