El cambio de género en la cédula del alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, detenido por presunto peculado, ha encendido un intenso debate entre colectivos trans y defensores de derechos LGBTIQ+ en Ecuador. La modificación, realizada en octubre de 2024, se concretó meses después de que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra por adjudicaciones irregulares de obras públicas y presunto favorecimiento a familiares con compras municipales.

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Arroyo, quien públicamente se identifica como gay, mantuvo sus nombres masculinos en la cédula, pero cambió el dato de “sexo” de masculino a femenino. Este procedimiento parcial, denuncian activistas, es inusual para personas trans, que habitualmente enfrentan mayores exigencias del Registro Civil, como el cambio simultáneo de nombre.

¿Se usa la ley de identidad de género con fines ajenos?

Diane Rodríguez, dirigente del colectivo Silueta X, recordó que el cambio de sexo en la cédula de Arroyo se realizó bajo la reforma vigente desde enero de 2024, que amplió la posibilidad de modificar el dato de “sexo” y no solo el de “género” como se permitía desde 2015. La activista cuestiona la facilidad con la que se aprobó el trámite: “A las personas trans nos hacen problema cuando queremos hacer el cambio de sexo. El cambio no puede ser parcial, como lo hizo Arroyo. Nos exigen cambiar los nombres, no solo el sexo y a él no”.

El colectivo señala que, desde 2015, las personas trans podían cambiar el género en su documento, pero la reforma de 2024 abrió la puerta a modificar el sexo registrado. Sin embargo, denuncian que en la práctica las solicitudes de personas trans visibles suelen enfrentar dilaciones, exigencias adicionales o incluso negativas.

Silueta X compara este caso con el de René Salinas Ramos en 2023, un hombre cisgénero que cambió su género a femenino para alegar desventajas judiciales en una disputa de custodia. Para el colectivo, ambas situaciones evidencian un uso oportunista de un derecho conquistado por las personas trans.

En redes sociales circula un video del allanamiento en el que Arroyo pide a un policía ser tratado como mujer. Este gesto, sumado a la cronología de los hechos, ha reforzado las sospechas sobre un posible cálculo estratégico para beneficiarse en su proceso penal.

El grupo exige al Registro Civil explicaciones sobre:

• Posible uso estratégico de la norma por parte de personas no trans en contextos judiciales
• Trato desigual hacia personas trans frente a trámites similares

Aunque el caso de peculado seguirá su curso en los tribunales, para los colectivos LGBTIQ+ el debate de fondo es otro: si las herramientas legales para el reconocimiento de identidad de género están siendo aplicadas de forma equitativa o si se han convertido en un resquicio para intereses ajenos a su espíritu original.

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