La Asamblea Nacional vuelve a ser cuestionada por abrir espacio a personas involucradas en casos de corrupción. La comparecencia de Daniel Salcedo, sentenciado por lavado de activos, entre otros delitos, y el intento de intervención telemática de Xavier Jordán, prófugo de la justicia, han sido señalados como un nuevo episodio de espectáculo político sin consecuencias legales.

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La justicia, no el show

Para la abogada penalista María del Mar Gallegos, el Legislativo no puede convertirse en una plataforma para investigados o sentenciados. “La Asamblea no pasa de ser un show mediático si lo que se busca es responsabilizar a alguien por delitos sin acudir a la justicia ordinaria, que es la competente para actuar”, explicó.

Gallegos enfatizó que Salcedo tiene al menos dos sentencias en firme, entre ellas una por lavado de activos, lo que obliga a tomar con cautela cualquier versión que emita. “No se trata de si le creemos o no. Se trata de que ya ha cometido delitos y, por tanto, sus declaraciones deben pasar por filtros judiciales”, recalcó.

Además, advirtió que en algunos casos las declaraciones públicas buscan lograr beneficios penitenciarios. “Lo que intentan es ser trasladados a cárceles más seguras, como la Cárcel 4, bajo el argumento de que su vida está en riesgo”, dijo. Pero recalcó que, en esos casos, la decisión debe ser técnica y no política.

Un prófugo no pone condiciones

En cuanto a Xavier Jordán, Gallegos recordó que pesa sobre él una boleta de captura. “Es un prófugo. No puede fijar condiciones para comparecer ni utilizar a la Asamblea para evadir a la justicia”, señaló. Desde su punto de vista, si ingresa al país, debe ser detenido, y si desea colaborar, debe hacerlo directamente con Fiscalía.

Acusaciones sin respaldo

Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, los señalamientos públicos sin pruebas no deberían tener espacio en la función legislativa. “Estamos viendo nuevamente el uso de la Asamblea como una vitrina para que se lancen acusaciones sin sustento. Si el señor Jordán tiene algo que denunciar contra el asambleísta Ferdinand Álvarez, debe hacerlo con documentos y por los canales formales”, advirtió.

Alarcón criticó que se permita este tipo de intervenciones por parte de actores con procesos judiciales abiertos. “Las declaraciones sin pruebas son lodo con ventilador. No sirven si no se judicializan”, insistió.

La ruta es Fiscalía

Tanto Gallegos como Alarcón coincidieron en que las denuncias por redes sociales, si bien pueden motivar investigaciones, no sustituyen una denuncia formal ante Fiscalía. “La justicia no se hace en X o en TikTok”, expresó Alarcón. 

Gallegos, por su parte, recordó que algunos casos sí iniciaron con publicaciones digitales, pero solo avanzaron cuando las víctimas acudieron al sistema penal o cuando Fiscalía arrancó investigaciones a partir de esas publicaciones. 

“Si hay delitos, que se procesen. Si hay fiscalización, que se haga con pruebas. Lo demás es ruido”, concluyó Alarcón.

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