“Yo soy de este lindo Milagro, hechizo de tierra y de sol”, dice el pasacalle que exalta a este cantón guayasense, ubicado a 40 minutos de Guayaquil. Pero hoy, la paz que debería garantizar el Estado se la quiere atribuir un grupo criminal que pretende imponer sus reglas. Hoy domingo 17 de agosto, exactamente a un mes de que Milagro cumpla 112 años de cantonización, la letra suena lejana ante la realidad que vive esta localidad.

La canción, que habla de barrios y fraternidad, convive ahora con un mensaje que deja un eco de advertencia. El llamado a la calma no llegaría desde la autoridad, sino de una estructura que pretende hacer de árbitro en las calles.

El pasado 8 de agosto comenzó a circular en redes un comunicado, en fondo negro y letras blancas que ‘prohíbe’, en tono categórico, la extorsión, las amenazas y cualquier forma de intimidación en la ciudad. Dicha publicación incluye la imagen de una mano con una pluma que simula estar firmando. En el argot criminal, ‘la firma’ es el término que usan ciertos hampones para dar a entender que son líderes y para marcar territorio, una especie de señal de jerarquía.

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El texto pide a la ciudadanía no dejarse sorprender por quienes usen su nombre para obtener dinero. Y advierte que “están avisados” quienes alteren la tranquilidad del cantón. El mensaje se replicó con rapidez en medios digitales locales. Periodistas consultados admiten que, en un cantón pequeño, la cautela también es una medida de autoprotección: publicar sin confrontar puede ser la diferencia entre informar y exponerse a una situación que ponga en riesgo sus vidas.

Ubicación del cantón Milagro, en Guayas

Reacciones de ciudadanos en Milagro

En los comentarios ciudadanos, el debate fue intenso. Unos cuestionaron la normalización de la influencia criminal. Otros, más pragmáticos, pidieron “mano dura” contra delitos cotidianos, en especial el robo de motocicletas, que describen como un mal repetitivo.

Cuatro días después de la publicación del escrito, el 12 de agosto, un video de apenas cinco segundos se volvió viral: tres jóvenes, golpeados y ensangrentados, aparecen de rodillas. Uno sostiene una ‘llave bella’ (estructura metálica en forma de T usada para forzar la seguridad de vehículos). Ellos repiten que no deben robar porque, si lo hacen, “los van a capturar”.

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No hay confirmación oficial de quién grabó la escena ni bajo qué circunstancias. En redes se interpretó como un “escarmiento” ejemplificador, alineado a la lógica del comunicado: un mensaje para evitar el robo de motos. El efecto combinado del comunicado más el video instaló la idea de que el control de la seguridad estaría cambiando de manos.

¿Qué grupo criminal tiene mayor influencia en Milagro?

Según fuentes locales, la mayor influencia criminal en Milagro la tendría el grupo conocido como Los Águilas, una facción vinculada a Los Choneros, con presencia operativa en distintos sectores del cantón.

El líder principal de Los Choneros es José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025. Allá enfrenta siete cargos federales y espera su segunda audiencia judicial el 19 de septiembre. La estructura, sin embargo, no se desactiva por la ausencia física de su cabecilla.

Expertos analiza situación del cantón Milagro, en Guayas

Para Kléber Carrión, exoficial de Inteligencia y fundador de la Unidad Nacional de Investigación, Antisecuestros y Extorsión (Unase), estos comunicados aparecen cuando no existe un grupo hegemónico claro en el territorio. En ese vacío, incluso ‘delincuentes de barrio’ se presentan como organizaciones, para meter miedo y pescar a río revuelto.

Ese escenario multiplica la presión sobre la población: comerciantes y vecinos pueden enfrentar dos, tres, cuatro o hasta cinco frentes distintos de extorsión al mismo tiempo. El día a día se vuelve insoportable, describe el experto. Carrión subraya que el mensaje tiene un ‘velo’ de orden, pero el orden no se privatiza, pues el monopolio de la fuerza le corresponde solo al Estado. Cuando una banda criminal asume ese rol, lo que hay es una disputa por el control del territorio.

El especialista alerta que en esa disputa, la oferta de ‘protección’ no es gratuita ni inofensiva. Sostiene que incluso si se frena temporalmente una práctica (como la extorsión visible), otras actividades ilegales se mantienen o se diversifican, porque la organización criminal no abandona su ‘nego’.

El trasfondo, añade, es una pugna con el Estado. Cuando la presencia estatal es débil o intermitente, las bandas delincuenciales llenan el vacío con reglas propias. Es el terreno donde prosperan lógicas de narcoclientelismo y cooptación social, explica. Carrión advierte que los grupos rivales, lejos de aceptar esa ‘paz’, pueden activarse para desmentirla: roban, atacan o extorsionan para exponer que el otro no controla nada. La violencia escalaría y el ciudadano quedaría como en un ‘sánduche’.

El problema se agrava cuando el Estado luce ‘tembleque’, con instituciones que no sostienen la autoridad y marcos normativos que, en la práctica, terminan beneficiando al infractor. Los derechos, recuerda el exoficial, deben proteger primero al ciudadano que cumple la ley, mientras que el delincuente debe enfrentar límites y consecuencias.

Ana Minga: perfil de ‘justiciero’

La experta en seguridad y perfiladora criminal Ana Minga aporta otra mirada a este análisis: lo que se presenta como ‘orden’ puede corresponder a perfiles de justicieros criminales. Es decir, actores que se erigen como ‘correctores’ de otros delincuentes para ganar aceptación. Minga explica que ese justiciero (individual o grupal) es considerado al inicio como ‘el que pone en su sitio a los malos’. Pero la evolución es conocida: termina actuando como juez y verdugo, creyéndose dueño de la vida de otros.

En la práctica, esa ‘justicia’ encubriría la delimitación del territorio, pues se impide que otros roben ‘las cosas del lugar’ no por altruismo, sino porque la zona es propia. Y aunque se prohíba el robo visible, la extorsión (‘vacuna’) puede mantenerse bajo otras modalidades. 

Para Minga, el riesgo es que en contextos de mucha delincuencia, la comunidad tolere al ‘justiciero’ por desesperación. Esa tolerancia vuelve difusa la frontera entre autoridad legítima y poder de facto.

Gobernanza criminal en Milagro

Desde la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Gitoc, por sus siglas en inglés), Renato Rivera interpreta el comunicado como parte de una estrategia de gobernanza criminal. El objetivo sería doble: legitimidad social y, sobre todo, reducir la atención policial. Rivera argumenta que si bajan las denuncias de extorsión y robos (por ejemplo, de motos), disminuye la probabilidad de que lleguen refuerzos policiales y se intensifiquen los operativos en la zona.

Ese ‘orden’ sirve a un interés mayor: proteger mercados ilícitos. Cuando un territorio es ruta o punto de almacenamiento de drogas, lo crucial para la organización es evitar luces rojas que atraigan a la Policía. En el caso de Milagro, la conectividad con áreas portuarias (está cerca de Guayaquil) vuelve estratégicas ciertas zonas. Menos ruido delictivo visible significa menos riesgo para el tráfico de drogas, apunta Rivera.

El investigador añade que no siempre hay cobro directo a la población por esa ‘protección’. A veces, la contraprestación real es otra: que nadie moleste el negocio principal. Es una red de ‘seguridad’ que opera a conveniencia.

Riegos, precedentes y... ¿ahora qué sigue para Milagro?

Los tres expertos coinciden en el diagnóstico: no es altruismo, es cálculo. Se buscaría controlar el territorio, administrar la conflictividad y blindar economías criminales, presentando el paquete como ‘paz’. El precedente en otras ciudades del país muestra dos caras: donde hay hegemonía criminal consolidada, se reduce la ‘polifonía’ de extorsiones simultáneas. Donde la hegemonía está en disputa, la violencia tiende a escalar.

En ambos casos, advierte Carrión, la ciudadanía paga el costo. O convive con una ‘pax mafiosa’ o queda atrapada en la guerra por el control. Ninguna opción sustituye el orden legal. La normalización de estos comunicados desdibuja el rol de la autoridad. Si las reglas se negocian con estructuras criminales, el Estado cede espacios de legitimidad que luego son difíciles de recuperar.

Para evitarlo, la respuesta estatal debe ser sostenida, coordinada y verificable: presencia policial efectiva, investigaciones que golpeen las finanzas criminales, y una justicia que no se quiebre ante la presión.

Otros datos sobre el cantón Milagro

• Milagro está ubicado aproximadamente a 40 minutos de Guayaquil.
• 166.634 habitantes tiene el cantón Milagro, según datos municipales.
• El alcalde es Pedro Solines, de la Revolución Ciudadana.

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