Un silencio sepulcral invade Puerto El Carmen, capital del cantón Putumayo, en la provincia de Sucumbíos. Solo el sonido de las motos interrumpe la quietud de sus calles casi vacías, por donde circulan apenas unos cuantos transeúntes. En este rincón del Ecuador, delimitado por los ríos San Miguel y Putumayo, la calma tiene una carga de tensión contenida.

Al otro lado del río se extiende la selva colombiana, de donde ha cruzado la violencia que, por más de cinco décadas, ha marcado a ese país vecino. La prolongada confrontación entre el Ejército colombiano y los grupos ilegales armados (GIA) ha encontrado eco en territorio ecuatoriano, y Puerto El Carmen ha sido testigo de esa expansión. Este año, la incursión de los Comandos de la Frontera (CDF) ha marcado un punto de inflexión.

El nombre de este grupo ganó notoriedad luego de su participación en una de las agresiones más graves contra militares ecuatorianos: la masacre de 11 uniformados en Alto Punino, provincia de Orellana, el pasado 9 de mayo. El hecho ocurrió a unos 150 kilómetros de Putumayo, en medio de un operativo contra la minería ilegal, y se prolongó durante al menos dos horas.

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Tras el ataque, las Fuerzas Armadas del Ecuador (FF.AA.) desplegaron un contingente de 1.800 soldados con todo su poder logístico, incluyendo apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y medios de la Armada Nacional. Sin embargo, en Puerto El Carmen, la presencia militar seguía siendo casi invisible. En la aparente calma del poblado se esconde un miedo profundo, un silencio colectivo que inhibe a sus habitantes de hablar de la violencia que puede resurgir en cualquier instante.

Víctimas de la violencia

En este ambiente silente, un hombre sentado afuera de su casa, a quien llamaremos Juan por seguridad, conversó con el equipo de EXTRA que llegó hasta el lugar para conocer de cerca la situación en la frontera luego de la masacre militar. Durante la charla, Juan rememoró uno de los ataques perpetrados por los CDF en plena celebración de Carnaval de 2025.

El hecho ocurrió la noche del 2 de marzo, pasadas las 21:00, en la plaza central del poblado. “A mí no me gusta salir y me quedé en mi casa. Pero como la ciudad es pequeñita, se escucha todo. Ahí se oyeron los disparos”, relató.

Según el Ejército, esa noche los Comandos de la Frontera intentaron ingresar al Batallón de Selva (BS) 55 Putumayo para recuperar un cargamento de 130 tanques de combustible decomisado días antes, el 28 de febrero. El intento derivó en un enfrentamiento armado.

Aunque los subversivos lograron escapar, la población quedó marcada por el hecho. Cerca de las instalaciones militares, dos hermanos de 18 y 16 años fueron encontrados gravemente heridos. Fueron trasladados a Lago Agrio, pero el mayor falleció. El menor permanece hospitalizado en Quito con pronóstico reservado.

“Los muchachos eran deportistas, inocentes. Ahora la madre está en Quito cuidando al más pequeño”, contó un familiar. EXTRA buscó la versión de la madre, pero su abogada prohibió cualquier pronunciamiento público, ya que el caso está bajo investigación y también se indaga al Batallón BS-55 Putumayo.

Un silencio histórico

Para Juan, este tipo de hechos no son nuevos. La violencia ha sido una constante en esta zona fronteriza con Colombia. “Hace años, a mis hijos los mataron. Por ahí decían que fue por temas de drogas, pero eso no lo sabré”, lamentó.

El miedo a hablar ha sido una ‘estrategia’ de supervivencia para muchos. A pesar del retorno momentáneo de la calma, la comunidad comenta, en voz baja, sobre la presencia y operaciones de los Comandos de la Frontera. Se dice que estos grupos han intentado controlar recursos estratégicos como el suministro de combustible en Puerto El Carmen, donde solo funciona una gasolinera.

No se trata solo de rumores. El contrabando de hidrocarburos es una realidad diaria en esta región. Además de Puerto El Carmen, otras parroquias como Sansahuari enfrentan la misma problemática. Allí es común observar camiones que transportan tanques de combustible, en una dinámica ilegal que, aunque sujeta a decomisos, no se logra frenar.

El 5 de octubre de 2024, una tragedia puso en evidencia este tráfico: cuatro hombres murieron calcinados tras la explosión de dos vehículos que almacenaban combustible dentro de una vivienda en Sansahuari. El hecho fue presentado oficialmente como un incendio que afectó a cuatro casas, pero la versión que ganó fuerza fue que el siniestro ocurrió mientras se traspasaba combustible de un vehículo a otro. A pesar de la gravedad, el caso no fue investigado.

La penetración armada

El 2024 dejó claro hasta qué punto los grupos ilegales armados, especialmente los Comandos de la Frontera, han penetrado en territorio ecuatoriano. Hubo dos momentos claves que evidenciaron su alcance y consolidación.

El primero fue una serie de tres ataques armados dirigidos contra militares ecuatorianos: dos en la provincia de Orellana y uno en Sucumbíos. Aunque no tan letales como la masacre de mayo de 2025, demostraron la capacidad ofensiva del grupo integrado por disidentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

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El 15 de febrero de 2024 se produjo el primer enfrentamiento en Alto Punino. Un equipo de la Cuarta División del Ejército Amazonas, realizando labores de reconocimiento y vigilancia, localizó un campamento de los CDF. Al verse descubiertos, los subversivos abrieron fuego, lo que derivó en un combate donde murió un integrante colombiano del grupo, de 30 años.

Posteriormente, el 3 de abril, una patrulla militar fue atacada en San José de Guayusa, cerca del río Biguno. El operativo terminó con siete detenidos, entre ellos ecuatorianos y colombianos, y un miembro del CDF abatido.

El 22 de abril, en Barranca Bermeja, cantón Cascales (Sucumbíos), una unidad de inteligencia fue emboscada por al menos 15 combatientes del CDF. En ese ataque, murió el cabo Daniel Valencia. Estas acciones confirmaron el despliegue del grupo armado en zonas clave del país.

Pero el segundo momento fue aún más revelador. El 29 de agosto de 2024, una operación conjunta permitió la detención de 16 personas vinculadas con los Comandos de la Frontera. Según la Policía, estos individuos estaban involucrados en delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, sicariato y tráfico de armas y explosivos. Las capturas se realizaron en cinco provincias, aunque se confirmó que la base operativa del grupo se encuentra en Orellana y Sucumbíos.

Ante ello, la situación fronteriza es apenas una ventana a un conflicto más amplio, que involucra crimen transnacional, economías ilegales, impunidad y una frontera que, más que límite, se ha convertido en un corredor de violencia. 

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