Por primera vez, el presidente Daniel Noboa ha emitido un decreto en el que se reconoce de manera explícita la existencia de un conflicto armado interno sostenido por grupos armados organizados, en el marco de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.

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Esta ley fue la primera iniciativa con carácter de económico urgente enviada por el Ejecutivo en la actual legislatura. Con el respaldo de una mayoría legislativa encabezada por el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), logró 84 votos a favor, y tras no recibir objeciones, fue publicada directamente en el Registro Oficial.

Leyes de Solidaridad e Inteligencia: nuevas facultades en nombre de la seguridad

Tras la aprobación de la normativa, el Ejecutivo expidió el reglamento correspondiente, que viabiliza los cambios legales, especialmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es que faculta al Presidente a reconocer oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, una declaración que la Corte Constitucional ha evitado hacer bajo el argumento de que no se cumplen los criterios jurídicos establecidos.

Decreto Ejecutivo 55: contenido y alcance

El Decreto Ejecutivo 55, fechado el 16 de julio de 2025, está compuesto por tres artículos, cuatro disposiciones generales, una cláusula derogatoria y una disposición final. En él, se oficializa la persistencia del conflicto armado interno, con base en los criterios del artículo 7 de la Ley de Solidaridad.

El documento señala que la existencia de estos grupos armados fue determinada en un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del 9 de julio de 2025. Asimismo, el decreto dispone que dicho organismo deberá actualizar de forma periódica e individualizada la información sobre los grupos involucrados en el conflicto.

¿Por qué es clave esta declaratoria?

La declaratoria tiene un impacto directo en la aplicación del régimen jurídico especial creado por la Ley de Solidaridad. Entre sus implicaciones más relevantes se incluyen:

• Allanamientos sin orden judicial en casos vinculados al conflicto.
• Indultos diferidos para miembros de la Policía y Fuerzas Armadas.
• Procesos judiciales especializados para delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y actividades conexas al conflicto armado.

Además, si la Fiscalía decide abstenerse de acusar a un procesado, la decisión deberá ser revisada por el fiscal provincial, quien podrá confirmarla o revocarla. También se establece que quienes hayan sido condenados por estos delitos no podrán acceder a regímenes de cumplimiento abiertos o semiabiertos si no han cumplido con la reparación económica impuesta en sentencia.

Un paso necesario para activar el nuevo régimen

Para que este nuevo marco legal pueda ser aplicado en su totalidad, era imprescindible que el Ejecutivo realizara la declaratoria oficial del conflicto armado interno. Con el Decreto Ejecutivo 55, Daniel Noboa activa formalmente las disposiciones especiales de la Ley de Solidaridad y redefine la estrategia del Estado frente a los grupos armados organizados que operan en el país.

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