Bajo el argumento de que el país enfrenta una amenaza sin precedentes debido a la creciente violencia criminal, el Gobierno Nacional busca la aprobación de la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal vinculada al Conflicto Armado Interno. 

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Este proyecto, que fue enviado al legislativo con carácter de urgente, pretende crear un régimen jurídico especial con medidas financieras y de seguridad para la desarticulación integral de las economías criminales. ¿Será que se lo puede conseguir?

Nelson Yépez, experto en seguridad, ve con buenos ojos la ley y cree que cumpliría su objetivo, salvo algunos ajustes que se podrían realizar en una comisión legislativa para evitar extralimitaciones. Por ejemplo en el artículo 12 plantea que militares y policías podrán hacer uso directo de la fuerza contra miembros de los grupos armados organizados sin ser atacados antes. “Si esta ley entra en vigencia tal como está podría afectar a muchas personas, pero se puede evitar eso con trabajo de inteligencia”, explicó.

Para Yépez es imprescindible fortalecer los grupos de inteligencia no solo para los grupos de crimen organizado sino para hacer seguimientos en casos de corrupción. “Esto incluye a los infiltrados en las filas policiales y militares”, dijo.

Agrega que se debería crear un grupo especializado a nivel nacional. Pero hay que revisar las implicaciones, puesto que el Estado podría enfrentar querellas internacionales por extralimitaciones con los ciudadanos.

Es posible la criminalización de inocentes

Para Marcel Merizalde, también experto en seguridad, esta ley sí podría servir para controlar a los grupos de crimen organizado, pero que haría falta ajustar otros instrumentos legales para que no haya contradicciones con la Constitución y no se pueda aplicar. “No es que en este momento vaya a funcionar así nomás. Todavía necesita muchos ajustes”, agregó.

Existen aspectos que preocupan a Merizalde, por ejemplo que se criminalice a los ciudadanos sin los elementos necesarios para ser juzgado es una forma de “controlar la opinión pública”. “Resulta peligroso porque los ecuatorianos preferirán mantenerse al margen de las decisiones del Gobierno. Van a preferir no hacer críticas”, aseveró.

Esto significaría que, por temor a represalias, los ciudadanos simplemente dejen de observar a sus gobernantes. Ambos coinciden en que la intención del Ejecutivo podría ser buena en su intento por frenar al crimen organizado, pero se necesitan más regulaciones para que el poder del Estado no sea ilimitado. 

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