Durante más de un año, las amenazas llegaron sin previo aviso: mensajes de texto, llamadas y hasta videollamadas desde números internacionales —primero desde Perú, luego desde Colombia— fueron el método de presión que una organización criminal utilizó para intimidar a un ciudadano identificado como rector de una reconocida universidad en Esmeraldas. 

Así lo revela un acta de sentencia por delincuencia organizada, contra el grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, que se hizo pública este 30 de julio de 2025.

La víctima fue blanco de un esquema extorsivo que, según el documento judicial, se habría iniciado el 3 de julio de 2021 y se mantuvo activo por lo menos hasta marzo de 2023. Las primeras exigencias económicas ascendían a $50.000, a cambio de no atentar contra la vida del rector ni la de su familia. 

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En una primera instancia, la víctima accedió al chantaje: hizo un depósito (no se precisa si el total o solo una parte) a nombre de Freddy Valverde, una persona que posteriormente fue asesinada, según consta también en el expediente judicial.

Incrementaron amenazas contra rector de universidad en Esmeraldas

La situación escaló. El 21 de abril de 2022, las amenazas se intensificaron y la víctima identificó que la organización detrás de las intimidaciones era el grupo criminal conocido como Los Tiguerones. El nombre de William Alcívar Quiñónez (papá de Willian e Ivan, alias Negro Willy y Ronco, recspectivamente), señalado como líder de esta estructura, apareció en ese momento como uno de los principales extorsionadores.

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Los hechos no se detuvieron allí. El 7 de marzo de 2023, según el relato consignado en el acta, se registró un intento de asesinato contra una de las personas encargadas de la seguridad del rector. Cuatro días después, el 11 de marzo, continuaron los mensajes amenazantes, esta vez desde teléfonos con prefijos de Colombia.

Alias Ronco habría proporcionado cuentas bancarias

Pero fue el 12 de marzo de 2023 cuando se produjo uno de los episodios más reveladores: Ronco, identificado como Iván Alcívar Bautista, considerado el segundo al mando de Los Tiguerones, presuntamente exigió directamente el pago de $50.000 y proporcionó dos números de cuenta —de diferentes entidades— que estarían a nombre de Carmen Guisamano. Esta mujer también fue acusada dentro del mismo proceso judicial por su presunta participación en la red de extorsión.

El 23 de marzo de ese año, los intentos de presión se reactivaron. Al rector, ya sin dinero disponible, se le exigió ahora la suma de $200.000. Aunque no habría realizado ningún nuevo pago, las amenazas persistieron.

El modo de operar de Los Tiguerones

La sentencia del caso documenta cómo esta organización empleaba métodos de persecución psicológica y financiera contra sus víctimas, en una estructura que combinaba tecnología, violencia y vínculos transnacionales.

Este caso es uno de los varios procesos extorsivos analizados por el tribunal dentro de la causa por delincuencia organizada. El acta destaca el uso progresivo y sistemático de intimidación como una práctica habitual de la organización, incluso contra figuras académicas de alto perfil.

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