El caso del niño que fue atacado por un pitbull en San Juan de Calderón, norte de Quito, puso sobre la mesa un dilema que va más allá de la tenencia responsable. Con su muerte quedó en evidencia la necesidad de organismos estatales que cuenten con un registro minucioso de este tipo de animales de compañía.

Pero ya existió. En 2009 se emitió un acuerdo que exigía que entes como el Ministerio de Salud, Agrocalidad, municipios, entre otros, estén al frente de esta iniciativa. Sin embargo, se derogó.

Christian Zambrano, coordinador de Sanidad Animal de Agrocalidad, indicó a EXTRA que tuvieron esa potestad hasta 2017. “Nosotros teníamos la competencia de registro como centros de tenencias, pet shops, clínicas y hospital. Sin embargo, todo ello se transfirió a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales”.

SIN DATOS PRECISOS

Frente a esto, ¿qué pasó con los datos recabados cuando estuvo vigente aquel acuerdo? Pues pasaron a los municipios, sin embargo, en el caso de Quito, recién se está proponiendo recolectar esa información.

Se trata del plan piloto llamado Registro Metropolitano de Fauna Urbana (Remetfu) en el que se deben registrar a las personas con sus animales de compañía y establecimientos relacionados con ello.

Pero es una iniciativa que se está construyendo desde la Unidad de Bienestar Animal (UBA) con el fin de alimentar una red de información a fin de tomar decisiones en beneficio de los animales.

INICIATIVAS EN MARCHA

Frente a esto, el sector privado ha implimentado una plataforma que se llama Base de datos y registro de mascotas, formada por un grupo denominado PET ID.

Su representante, Fernanda Encalada, explica que todo surgió en 2014 cuando una mascota se perdió y hubo la necesidad de encontrarla. Al no existir un registro se optó por la creación de esta suerte de censo de animales de compañía. “Hasta el momento tenemos un registro aproximado de 10 mil animales en todo el país que tienen microchips, algo fundamental para su localización”.

Si bien esta iniciativa permite tener una base de datos óptima para usarla en caso de extravío, pérdida o robo, también pueden ser muy útiles en procesos judiciales como en el ataque del niño de Calderón. Pero Encalada enfatiza que eso solamente se puede entregar a los investigadores siempre y cuando haya una orden judicial.

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