La exposición mediática de los testigos protegidos vuelve al centro del debate. La reaparición de Mayra Salazar en redes sociales, tras casi cinco meses en libertad, ha revivido las dudas acerca del rol y protección de quienes colaboran con la justicia en casos de alto impacto.

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Desde el exilio, la otrora relacionista pública de la Corte de Guayas compartió un video en el que habló de su paso por prisión, los atentados que habría sufrido y su decisión de cooperar en la investigación del caso Metástasis. Salazar fue detenida el 14 de diciembre de 2023 y, tras acogerse a un procedimiento abreviado, cumplió una pena de 15 meses por delincuencia organizada.

Fue liberada el 14 de marzo de 2025, en medio de un fuerte operativo. Días después, su abogado reveló que habría un preacuerdo para llevar su historia a plataformas de streaming, en formato documental, pero luego no confirmó si se había cerrado algún tipo de contrato.

Así apareció Daniel Salcedo, otro de los testigos protegidos

Otro caso que agitó el escenario judicial es el de Daniel Salcedo. El 2 de julio de 2025 apareció ante la Fiscalía en Quito para anunciar su colaboración como testigo protegido en la investigación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El Bello, como se lo conoce, señaló al exministro José Serrano y a Xavier Jordán (considerado prófugo en Metástasis) como supuestos autores de un atentado en su contra, ocurrido el 20 de junio en la Cárcel de Riobamba. Además mostró una imagen de una supuesta videollamada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien negó cualquier vínculo.

Salcedo fue llevado a la Cárcel 4 de Quito, donde ya había protagonizado escándalos por videos filtrados. Su aparición pública, pese a su estatus como testigo protegido, generó cuestionamientos por el nivel de exposición que se le permitió.

El caso Villavicencio, otro ejemplo 

En un tercer caso, José Aguas testificó anticipadamente el 8 de octubre de 2023 dentro del caso Villavicencio. Fue liberado sin medidas cautelares dos días después, pero un mes más tarde fue llamado a juicio por delincuencia organizada. Desde entonces no ha comparecido ante la justicia y el 8 de abril de 2025 se emitió una orden de captura en su contra.

Ante estos casos, César Peña, fiscal de carrera, advierte que los testigos protegidos que se han acogido a la cooperación eficaz no deberían exponerse públicamente. “Por su colaboración han aportado a la investigación y, por seguridad, no deben hacer declaraciones mediáticas”, opina Peña acerca de esta figura legal.

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